También solicitó que los dueños y principales directivos de dichas empresas reciban penas efectivas de cárcel y sus nombres aparezcan en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
Lima. Un proyecto de ley para que las empresas que sobornen a los funcionarios de los gobiernos regionales u otras entidades públicas para ganar licitaciones, sean castigadas de por vida para no realizar ningún contrato con el Estado, planteó el legislador Aldo Bardález.
También solicitó que los dueños y principales directivos de dichas empresas reciban penas efectivas de cárcel y sus nombres aparezcan en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
Bardález precisó que presentará una iniciativa legal a fin de que las empresas que tengan procesos administrativos o penales derivados de irregularidades o actos de corrupción en la adjudicación y ejecución de obras y prestación de servicios, no puedan contratar nunca con el Estado.
“Existen muchos casos de corrupción en los gobiernos regionales. Se investigan alrededor de 900 casos por corrupción en varias regiones del país y varios de ellos están relacionados el otorgamiento direccionado de obras a favor de determinadas empresas”, indicó.
Recordó que existen muchas denuncias contra empresas que incurren en irregularidades al momento de ejecutar las obras como es la sobrevaloración de costos, uso de mala calidad de materiales e insumos, obras inconclusas, entre otros ilícitos, que ocasionan un perjuicio enorme para el país.
Sostuvo que existen muchas empresas denunciadas que participan en los concursos de licitación pública; y otras incluso cambian de razón social a fin de ocultar sus oscuros antecedentes para ganar la buena pro.
Un claro ejemplo de corrupción, acotó Bardález, es lo que se ha visto con algunos presidentes regionales y alcaldes quienes supuestamente recibieron coimas de proveedores, a cambio de otorgarles la buena pro de una obra pública.
“Aquellos han sido detenidos por corrupción; sin embargo, qué pasa con las empresas y empresarios coludidos, ellos no son sancionados o inhabilitados”, recalcó.
“La culpa no es solamente del que recibe, sino también del que ofrece. Se debe evitar que los empresarios pasen inadvertidos y sus graves delitos queden impunes”, remarcó.
