El estado de excepción se mantendrá por 60 días más, en cuatro provincias y nueve distritos del país, afectados por el tráfico de drogas.
El gobierno de Perú prorrogó este domingo el estado de emergencia por sesenta días más, en cuatro provincias y once distritos ubicados en un grupo de regiones selváticas para combatir el narcotráfico.
Mediante sendos decretos supremos publicados hoy en el diario oficial El Peruano, se informó que el estado de excepción se mantendrá en cuatro provincias y nueve distritos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y en dos distritos de la selva amazónica colindantes a la frontera con Colombia.
Las cuatro provincias son Huanta y La Mar, pertenecientes a la región de Ayacucho; Tayacaja, en la región de Huancavelica; y Satipo, en la región de Junín.
Los nueve distritos del Vraem afectados son Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi y Villa Virgen, de la región de Cuzco; y en Andamarca, Comas, Santo Domingo de Acobamba y Parihuanca, de la región de Junín.
El decreto para estas zonas señala que "aún subsisten las condiciones que determinaron la declaratoria del estado de emergencia en las provincias y distritos indicados, por lo que es necesario prorrogar el mismo (...) con los fines de consolidar la pacificación de la zona y del país".
El Vraem es una amplia y escarpada extensión de selva montañosa donde se encuentra la mayor área de cultivos ilegales de hoja de coca de Perú, y campamentos de los remanentes del grupo armado Sendero Luminoso.
La presencia del narcotráfico y del grupo armado obliga al gobierno peruano a prolongar periódicamente el estado de emergencia, extendido durante los últimos años a petición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, los dos distritos de la selva amazónica se ubican en la región de Loreto y son Ramón Castilla y Yavarí, cuyo estado de excepción fue decretado en septiembre del año pasado y prorrogado en noviembre como una primera instancia.
El decreto para estos dos distritos indica que "las operaciones antidrogas ejecutadas por la Policía de Perú y sus pares de Colombia y Brasil dan cuenta del incremento del tráfico ilícito de drogas en las zonas fronterizas tripartitas, principalmente en el ámbito de Putumayo" y también en localidades como Caballococha.
El texto oficial indica que en esas zonas "se han producido ataques a las fuerzas del orden por parte de organizaciones criminales que operan en dichas áreas, lo que causó en muchos casos el deceso de miembros de la policía nacional del Perú".
La situación de excepción implica la "suspensión de derechos constitucionales" como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio de las provincias y distritos incluidos en los dos decretos, y permite "que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno".
