Para la entidad, el Estado tiene la responsabilidad de proteger la democracia frente al riesgo de que accedan a cargos de gobierno “personas que han dañado directamente las bases de la convivencia ciudadana”.
La Asociación Civil Transparencia consideró necesario establecer restricciones e impedimentos con el fin de evitar la participación en las elecciones de quienes cometieron delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo o violación sexual.
Asimismo, estas restricciones deben impedir la participación en comicios de quienes se nieguen a cumplir con las obligaciones alimentarias de sus hijos o de quienes deben reparaciones civiles al Estado por la comisión de algún delito.
Esta propuesta Transparencia la formuló en el informe de observación electoral dado a conocer tras el cierre de la jornada de votación correspondiente a los comicios regionales y municipales realizados en la víspera.
En dicho informe, esta entidad ratifica que el Estado tiene el derecho y la responsabilidad de proteger la democracia y a la población frente al riesgo de que accedan a cargos de gobierno “personas que han dañado directamente las bases de la convivencia ciudadana”.
Igualmente, recuerda la necesidad de habilitar en Perú una “ventanilla única” para ofrecer a los partidos y al sistema electoral información oficial completa sobre los antecedentes judiciales, tributarios, administrativos y otros respecto de las personas que quieran ser candidatos o financiar campañas electorales.
En este marco, el informe recomienda al Congreso realizar lo antes posible el debate de las reformas políticas y electorales necesarias para lograr una mejor calidad en la democracia y sus instituciones representativas.
“En particular, es urgente modificar la Ley de Partido Políticos para hacer real la democracia al interior de estos mediante elecciones primarias con participación de los organismos electorales”, señala.
De acuerdo al análisis de Transparencia, la reforma política debe contemplar exigencias e incentivos para que los partidos tengan actividad efectiva y permanente en todo el país, a fin de recuperar representatividad y reducir la alta fragmentación existente en la actualidad.
“Una mayor exigencia debe incluirse en la legislación para que los candidatos cumplan con declarar la totalidad de sus sentencias, así como sus ingresos y bienes en las hojas de vida, para transparentar la política y ofrecer información veraz al electorado”, comentó.