Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, sostienen que dicha ley estatal "amenaza los derechos humanos y civiles" de los inmigrantes.
Perú y otros 13 países latinoamericanos interpusieron ante una corte federal un recurso de apoyo a la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra una controvertida ley de inmigración promulgada este año en Utah.
En el recurso, del tipo "Amicus Curiae" (Amigo de la Corte), los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, sostienen que dicha ley estatal "amenaza los derechos humanos y civiles" de los inmigrantes.
La ley de control de inmigración de Utah "contribuye peligrosamente a un mosaico de leyes que impiden las relaciones diplomáticas eficaces y coherentes", señala la moción interpuesta por abogados representantes de las 14 naciones.
"A través de la ley HB 497, Utah interfiere directamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos en su capacidad para llevar a cabo los asuntos exteriores y la política", indica el recurso.
Similar a la ley SB 1070 de Arizona, "incluso antes de la entrada en vigor, la HB 497 ya está tensando las relaciones con México", precisa la moción.
Perú está preocupado por el impacto adverso que iniciativas tales como la HB 497 puedan tener en "la amplitud y el alcance de nuestra relación bilateral (con Estados Unidos", explica.
La ley, promulgada en marzo pasado, enfrenta una demanda legal por parte del Departamento de Justicia y de organizaciones de derechos humanos, bajo el argumento de que el estatuto es anticonstitucional.
Un juez federal ha bloqueado temporalmente la entrada en vigor de la HB 497, que autoriza a los policías de esa entidad investigar la ciudadanía o estatus legal de las personas detenidas por algún delito.
El juez federal Clark Waddoups tiene programada para el 17 de febrero próximo una audiencia para revisar la ley y decidir si se autoriza su aplicación o se bloquea en forma permanente.
