"Es fundamental que esta Corte recoja estándares de independencia judicial para ayudar a la memoria histórica de un país que no puede resistir mas violaciones a su Estado de derecho", declaró ante los jueces David Cordero, representante de los demandantes.
San José, EFE. Representantes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador destituidos por el Congreso en 2004 pidieron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra el Estado que garantice la independencia judicial.
"Es fundamental que esta Corte recoja estándares de independencia judicial para ayudar a la memoria histórica de un país que no puede resistir mas violaciones a su Estado de derecho", declaró ante los jueces David Cordero, representante de los demandantes.
Agregó que espera un fallo de la CorteIDH que haga "cambiar la cultura jurídica del país" y que dé "garantías de no repetición", porque "la clase política ecuatoriana tiene que entender que en algún momento la justicia va a llegar y pedirle cuentas".
Cordero aseguró que desde el 2004 en Ecuador han habido "cuatro cambios completos de Corte Suprema de Justicia", por lo que espera que la CorteIDH "ponga un nunca más a los atentados contra la independencia judicial".
Según la demanda, los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2004, cuando a iniciativa del Gobierno presidido por Lucio Gutiérrez, los 27 magistrados de la Corte Suprema fueron sustituidos tras una votación en el Parlamento refrendada por mayoría simple.
Ramiro Ávila, otro representante de los demandantes, dijo que constitucionalmente el Congreso "no tenía competencia para meter las manos en la justicia" y que la destitución de los magistrados "fue un proceso disciplinario sin causales".
"Los magistrados nunca fueron convocados, no hubo posibilidad de defensa, ni capacidad de recurrir al amparo o a la inconstitucionalidad", expresó.
Por su parte, el agente del Estado ecuatoriano Alonso Fonseca, reiteró lo expresado ayer sobre el reconocimiento parcial de responsabilidad acerca de violaciones a las garantías judiciales, al principio de legalidad, al derecho a un recurso de apelación y al derecho a la igualdad ante la ley.
Sin embargo, afirmó que el Estado no violentó el derecho político de los exmagistrados a optar por cargos públicos, pues varios de ellos regresaron a puestos en el poder judicial, incluso aseguró que cuatro recuperaron el cargo en la Corte Suprema de Justicia.
Los representantes del Estado se mostraron dispuestos a ofrecer una "reparación integral" a los exmagistrados, pero que no incluye su restitución en sus antiguos puestos, pues desde 2008 cambió el marco constitucional de la Corte Suprema.
La reparación económica propuesta por el Estado abarca el periodo de 2004 al 2008.
La audiencia de dos días por este caso terminó hoy y durante su desarrollo los jueces escucharon el testimonio del exmagistrado Arturo Donoso, de tres peritos y los alegatos finales orales de los representantes de las víctimas y del Estado.
Las partes tienen tiempo hasta el próximo 4 de marzo para entregar a la CorteIDH sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces los jueces redactarán la sentencia en cualquier momento.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus fallos son de acatamiento obligatorio para los estados miembros del organismo hemisférico que han reconocido la competencia del tribunal.
