La activista mexicana de derechos humanos Digna Ochoa fue encontrada muerta en su despacho en 2001, con un tiro en una pierna y otro en la cabeza, tras recibir numerosas amenazas durante los últimos años, lo que conmocionó a México y a la comunidad internacional.

Familiares y activistas pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analice los procedimientos llevados a cabo por la Justicia mexicana en la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa, al considerar que ésta no fue "imparcial, seria y exhaustiva".

La activista mexicana de derechos humanos Digna Ochoa fue encontrada muerta en su despacho el 19 de octubre de 2001, con un tiro en una pierna y otro en la cabeza, tras haber recibido numerosas amenazas durante los últimos años, unos hechos que conmocionaron a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional.

Tras varios años de investigaciones, las autoridades judiciales mexicanas ordenaron archivar el caso definitivamente a finales de 2011, al determinar que la muerte de Ochoa había sido consecuencia de un suicidio.

"Las primeras investigaciones apuntaban a las amenazas que Ochoa había recibido anteriormente e incluso no descartaban relación por parte del Ejército", recordó Carlos Zazueta, del Centro por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL).

"No se ha garantizado una investigación imparcial, seria y exhaustiva", indicó Zazueta, quien justificó la necesidad de acudir a la CIDH por el "agotamiento" de los recursos de jurisdicción interna en México.

Según Zazueta, Digna Ochoa, que recibió por su trabajo a favor de los derechos humanos el reconocimiento de países como EE.UU. y Francia, denunció a lo largo de su carrera a miembros del Ejército y funcionarios mexicanos, lo que le valió "numerosas amenazas".

"Ninguna de estas amenazas fue investigada debidamente y esclarecida por las autoridades mexicanas competentes", se quejó el abogado de CEJIL.

Por su parte, el Estado mexicano alegó haber llevado a cabo "una investigación exhaustiva" -que incluyó 1.500 diligencias- sobre "cada una de las vías de investigación, incluyendo las que implicaban a militares y funcionarios, que cada vez perdieron más peso en favor de la hipótesis del suicidio".

Por ello, el procurador de Justicia del Distrito Federal de México, Jorge Antonio Mirón Reyes, aseguró que, a estas alturas, "no se podría reabrir el debate en un caso cerrado por la Justicia interna".

La investigación de las circunstancias de la muerte de Digna Ochoa ya ha recibido críticas con anterioridad y Amnistía Internacional ha exigido en varias ocasiones "que se aclaren todas las inconsistencias de la investigación" de la muerte de la defensora mexicana de derechos humanos.