La senadora colombiana afirmó que su destitución “es un precio que debemos pagar los que nos comprometemos con la paz, por buscar el diálogo y lograr la humanización del conflicto”.

Bogotá. La senadora de Colombia, Piedad Córdoba, que fue destituida por sus lazos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señaló que ha obrado conscientemente y por la paz, de frente a las autoridades colombianas y demostrando con hechos su compromiso con los secuestrados.

"No soy Teodora de Bolívar. Este es un precio que debemos pagar los que nos comprometemos con la paz, por buscar el diálogo y lograr la humanización del conflicto. La libertad de los secuestrados es el testimonio y demostración clara de mi compromiso", manifestó.

Dijo que la decisión de la Procuraduría es criminalizar la tarea humanitaria y advirtió que interpondrá las acciones necesarias para demostrar su inocencia.

"Quiero decirle a los secuestrados de Colombia que pueden tener la certeza de que no me van a intimidar y amilanar estas acusaciones, deben tener la certeza de que desde la cárcel, si es preciso, vamos a seguir trabajando por la libertad, vamos a seguir acompañando a las familias", puntualizó.

Respecto a su encuentro con el abatido jefe guerrillero ‘Raúl Reyes', la senadora señaló que tuvo una única reunión y que está documentada en un video que entregó a los organismos de seguridad del Estado colombiano.

Córdoba rechazó la decisión de la Procuraduría de destituirla e inhabilitarla por 18 años, "por haber promocionado y colaborado" con las FARC y dijo que "el señalamiento, persecución y la muerte política no significa que deje de trabajar por los derechos humanos. Nunca he hecho nada de espaldas del país y de las autoridades. Vamos a lograr la libertad y abogar contra el abuso".

Según ese organismo, la investigación se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC, Luis Edgar Devia, 'Raúl Reyes', abatido en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.

Tras cruzar información con organismos como la Corte Suprema, la Fiscalía, la Interpol y la Policía Judicial, la Procuraduría estableció "con certeza" que la senadora aconsejó a las FARC no enviar vídeos de personas secuestradas, pero sí grabaciones de voz, "con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".

Constató también que la legisladora "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos de otros países", aunque la Procuraduría no menciona cuáles.

Asimismo, la política "efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo".