Las autoridades advierten que regirá la Justicia Militar durante la votación de la Constituyente el próximo 30 de julio y amenazan con penas de hasta diez años de cárcel para quien trate de impedirla.

El piloto que secuestró un helicóptero de la policía con el que atacó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el mes pasado apareció este jueves (13.07.2017) en una manifestación nocturna en recuerdo a las 94 víctimas fatales que han dejado las protestas contra el Gobierno venezolano. El piloto rebelde Óscar Pérez participó un instante en la marcha realizada en el este de Caracas y desapareció posteriormente a bordo del asiento trasero de una motocicleta.

La marcha partió de la plaza Altamira del municipio Chacao, principal punto opositor del país, y pasó por varios puntos donde cayeron varias de las víctimas en ese sector. Rodeado de manifestantes enmascarados, Pérez dijo que está en la calle "defendiendo al pueblo" de este "narcogobierno" y pronosticó una manifestación sin retorno. "El 16 de julio saldremos a cumplir con el plebiscito y el 18 de julio tomaremos las calles sin retorno. Es momento de la hora cero", dijo a los periodistas, al referirse a la consulta popular que convocó la oposición para el domingo en rechazo a Asamblea Constituyente que propuso Maduro para reformar la Carta Magna.

Dicha Asamblea será constituida por la votación de sus comisarios, que está prevista se produzca el 30 de julio. El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, advirtió hoy que la Justicia Militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la Asamblea Constituyente, en una jornada en la que siguió la mutua descalificación de los procesos electorales que el Gobierno y la oposición promueven este mes.

"La derecha ha dicho que durante la votación del 30 de julio va a cerrar algunos centros electorales" que, por orden militar, serán "zonas de seguridad nacional y, en consecuencia, cualquier delito que allí se cometa será sancionado por la justicia militar", advirtió el segundo a bordo en el Ejecutivo de Maduro. "El que cometa el día 30 algún delito en zonas de seguridad recibirá una pena de cárcel entre 5 y 10 años", advirtió Aissami, aunque dijo confiar en que "no habrá fascista que se atreva a meterse con nuestro proceso" si el sector oficialista se moviliza.