Los asambleístas de Gualeguaychú suspendieron este sábado el corte de ruta en la frontera de ambos países, tal como se había anunciado. La medida se extenderá sólo por 60 días.

Un puñado de activistas de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se concentró este sábado al mediodía en la zona de Arroyo Verde, donde realizan un piquete desde el año 2006.

La medida de los activistas de Entre Ríos se extenderá por los próximos 60 días.

“Permaneceremos al costado de la ruta expectantes. Botnia (actual UPM) es ilegal, contamina y debe irse de la cuenca del río Uruguay”, leyó el asambleísta Miguel Leme.

Inmediatamente después de que se concluyó con la lectura de la proclama los activistas firmaron un libro con mensajes de apoyo y permanecieron sobre la ruta internacional 136. Pese a ello poco a poco comenzó a permitir el paso de los primeros vehículos luego de más de 1.200 días de bloqueó.

Un ciudadano argentino, uno noruego y un uruguayo fueron tres de los primeros en transitar por la ruta, según transmitió en vivo el canal de noticias argentino TN. En los primeros instantes tras el levantamiento del bloqueo el tránsito fue lento. Una caravana de vehículos recorrió a paso de hombre el tramo donde se ubicaron los activistas durante los últimos cuatro años.

Antecedentes. Desde hace más de 3 años, los manifestantes han mantenido bloqueada la comunicación terrestre con Uruguay debido a que afirman que la planta contamina el río Uruguay, limítrofe entre las dos naciones.

La instalación de la planta fabril provocó un diferendo bilateral entre las naciones vecinas en el que intervino el Tribunal Internacional de La Haya.

La corte internacional dictaminó en abril que Uruguay violó artículos de un tratado bilateral sobre el río, pero permitió a la fábrica continuar funcionando al no hallar elementos que probaran la contaminación.

La acción de abandono momentáneo de los manifestantes llega luego de que un juez argentino les ordenara que desistan de su postura y de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández entablara demandas judiciales contra algunos de ellos debido a que la protesta ha producido pérdidas y trabas al comercio e impedimento del libre tránsito.

Con información de El Observador.