Los representantes del gobierno insisten en que la propuesta de enmienda democratizará los medios, que según ellos están dominados por intereses privados demasiado poderosos como para autorregularse.
Por John Otis. Los intentos por enmendar la Constitución ecuatoriana para categorizar la comunicación como "servicio público" han suscitado un intenso debate en el cual uno de sus críticos los ha comparado con el modo como dictadores como Stalin y Hitler utilizaron la prensa como instrumento de propaganda, mientras que los partidarios del gobierno encabezado por el presidente Rafael Correa sostienen que la propuesta de reformas logrará que el periodismo rinda mayores cuentas y sea más accesible.
Los representantes del gobierno insisten en que la propuesta de enmienda democratizará los medios, que según ellos están dominados por intereses privados demasiado poderosos como para autorregularse. Sus oponentes argumentan que la libertad de expresión dejaría de ser un derecho fundamental y que en cambio se convertiría en un servicio público, con lo cual el gobierno tendría vía libre para ejercer amplias facultades regulatorias sobre todos los medios de comunicación.
"Un servicio público es un servicio en el que el Estado de algún modo es el titular. Eso está bien para el agua, para la electricidad, para la salud y educación, pero estamos hablando de libertad de expresión, no de otra cosa", declaró el mes pasado Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante una conferencia sobre la libertad de prensa realizada en la capital ecuatoriana, Quito. "Es una visión equivocada".
La comunicación ya está catalogada de servicio público de conformidad con la Ley de Comunicación de Ecuador, adoptada en 2013. Sin embargo, analistas de medios consultados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmaron que es probable que en el transcurso del presente año la Asamblea Nacional, dominada por los partidarios de Correa, adopte una enmienda que incluya esta definición en la Constitución.
La enmienda le otorgaría al concepto de servicio público más prominencia y legitimidad por estar insertado en el texto de la ley fundamental de la República, expresó Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), el ente regulatorio estatal que propuso por primera vez la enmienda constitucional.
En entrevista telefónica con el CPJ, Barriga negó que ello llevaría a la imposición de mayor control estatal sobre el contenido informativo y que obligaría a los periódicos a obtener una concesión gubernamental -como en el caso de otros servicios públicos- para poder publicar. Por el contrario, sostuvo Barriga, el objetivo era mejorar la calidad general de los medios, hacer más accesibles las noticias e involucrar a los ecuatorianos de toda condición social en el proceso de búsqueda y difusión de las noticias.
Barriga afirmó que era injusto que solamente una pequeña fracción de las redacciones ecuatorianas estuvieran compuestas de periodistas de origen indígena o africano y que apenas el 39 por ciento de su personal eran mujeres. Los grupos indígenas, añadió, deberían poder recibir reportajes en sus lenguas nativas y las personas con problemas auditivos deberían tener acceso a las noticias en lenguaje gestual. También sugirió que las personas o comunidades de bajos ingresos podrían recibir capacitación y subvenciones del gobierno para abrir radioemisoras.
"Así es como el Estado puede intervenir de una forma positiva para garantizar la libertad de expresión para todos", declaró Barriga al CPJ. "Eso no es un concepto fascista".
Por su parte, Marcelo Espinel, abogado de Fundamedios, organización defensora de la libertad de prensa con sede en Quito, señaló en entrevista con el CPJ que solamente los gobiernos dictatoriales han intentado categorizar la comunicación como un servicio público con el propósito de convertir a los medios en órganos de propaganda estatal y aplastar a las voces discrepantes.
"¿Dónde existió esto?", se preguntó Espinel. "En España bajo Franco. En la Alemania nazi. En Italia bajo Mussolini y en la Unión Soviética bajo Stalin".
En la conferencia de Quito Lanza, el relator especial de la OEA, sostuvo que ningún otro gobierno latinoamericano, salvo el caso del sistema comunista de Cuba, cuya Constitución declara que los medios deben actuar "conforme a los fines de la sociedad socialista", considera la comunicación como un servicio público.
Barriga, en cambio, declaró que los críticos como la OEA y Fundamedios habitualmente defendían los derechos de los propietarios de medios motivados por el lucro mientras ignoraban las necesidades del ecuatoriano común. Al preguntársele si algún otro gobierno compartía el punto de vista del gobierno de Correa en torno a la cuestión del servicio público, Barriga respondió: "Estamos marcando nuevas pautas en la defensa de los derechos de los individuos".
Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Quito, expresó a la revista digital Plan V que, en teoría, la enmienda significaría que solamente el Estado podría administrar y gestionar la comunicación y que todos los medios privados, entre ellos los periódicos y los medios digitales, requerirían una concesión del gobierno. (Como en otros países, las radioemisoras y los canales de TV ecuatorianos requieren de licencias de transmisión otorgadas por el Estado).
En lo referente a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, Guarderas sostuvo que los gobiernos tienen la obligación de no intervenir.
Christian Zurita, periodista investigativo del diario El Universo, uno de los periódicos de mayor circulación del país, sospecha que la enmienda significará mayor control estatal porque, mediante la Ley de Comunicación y otras medidas adoptadas en los últimos ocho años, el gobierno de Correa ha intentado imponer mayores restricciones a los medios. Como ejemplo, Zurita señaló que el Cordicom adoptó una medida el pasado año que obligará a El Universo y a otros 60 de los más importantes medios ecuatorianos a emplear un "defensor de audiencias" para supervisar el trabajo de reporteros y editores. Los medios tendrían que proporcionarles espacio físico y pagarles los salarios a estos funcionarios, que Zurita teme podrían resultar ser burócratas simpatizantes del gobierno.
"Todo es parte de una estrategia de control porque el gobierno cree que los medios son su enemigo número uno", declaró Zurita.
