Para especialistas de diversas ONG locales, en México no debe existir “carta blanca” para funcionarios y que tampoco se promuevan los “intocables”.
Organizaciones civiles preparan estudios para acotar la inmunidad procesal de los servidores públicos, incluida la del presidente de la República.
Darío Ramírez, director de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que esta organización comenzó un estudio al respecto, ya que se ha confundido la inmunidad procesal en México, conocida como fuero, con la impunidad.
“El tema del fuero es que hay que replantearlo, no hay que desaparecerlo. En todos los países con democracias fuertes y sostenidas, el fuero es una figura completamente aceptada. El tema es el replanteamiento que se tiene que hacer porque aquí en México lo que se ha hecho es más bien transformarlo en un halo de impunidad y es ahí donde estamos fallando”, dijo a El Economista.
El estudio que la organización elabora en consulta con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y juristas es para precisar quiénes deben tener fuero y ante qué delitos, adelantó.
“En efecto, el replanteamiento necesita ser para ver quién necesita fuero y ante qué delitos (...), porque no es así como ahora de darle carta blanca a cualquier tipo de asunto legal; tiene que ser relacionado con la función pública”, agregó.
Otra organización que analiza los alcances de esta figura constitucional es Transparencia Mexicana, mientras que el año pasado, el Consejo Coordinador Empresarial pidió al Senado acotar el fuero, incluido el del presidente de la República, para que sólo garantice la libertad de expresión.
Lourdes Morales, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, se pronunció por un debate a nivel nacional sobre el tema, sobre todo luego de las investigaciones que han surgido en contra de ex gobernadores.
“El fuero es un tema que se quedó pendiente en la discusión de las leyes secundarias y de la reforma constitucional anticorrupción. Creo que es un tema que merece una larga discusión para que no sea tampoco una herramienta de vendetta política, pero, sin duda, en México no debe haber intocables”, declaró.
En el país, al menos 1.800 servidores públicos tienen inmunidad procesal y esta figura ha provocado que algunos funcionarios se escuden en ella para no ser detenidos.
Cabe destacar que en el 2009, Julio César Godoy fue acusado de tener nexos con la Familia Michoacana y de lavado de dinero, pero obtuvo el fuero al rendir protesta como diputado federal. En el 2010 se aprobó su desafuero, pero está prófugo desde entonces.
Mientras que este año, Lucero Sánchez López, vinculada con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, no pudo ser capturada por falsificar documentos oficiales por tener inmunidad procesal.
Asimismo, en el 2005 se desaforó a Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, por no acatar una orden judicial de suspender la construcción de un camino en un terreno de propiedad privada. Ahora, López Obrador ofrece, en caso de llegar a la Presidencia de la República, proponer al Congreso la eliminación del fuero.
En estados como Jalisco y Veracruz ya procedió la eliminación del fuero a nivel local y gobernadores como Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Rolando Zapata, de Yucatán, también lo han propuesto a sus congresos.
Sin embargo, cabe destacar que esta figura no sólo se encuentra en las constituciones locales sino en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La figura es empleada en Europa y América Latina. El análisis para replantear la inmunidad procesal no es exclusivo de México. A nivel internacional, la figura se ha sometido a debates e intentos por modificarla.
En el 2013, por ejemplo, en España hubo controversia por el llamado aforamiento, una figura jurídica a través de la cual algunas personas, por su cargo, no son juzgadas por los tribunales de primera instancia sino por los tribunales superiores. En ese país, el número de aforados es de casi 10.000 personas, una quinta parte de ellas se dedica a la política.
A nivel internacional, la inmunidad procesal es, sobre todo, para garantizar el derecho a la libertad de expresión y para los legisladores.
La mayoría de los sistemas constitucionales de los países europeos y latinoamericanos —como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Italia y Uruguay— tiene esta figura.
La inmunidad parlamentaria también tiene límites en esos países, donde se puede detener a un legislador cuando sea sorprendido realizando un acto ilegal.
Para los presidentes también hay cobijo, entre otras cosas, con el fin de evitar venganzas políticas. Sin embargo, los presidentes en América Latina han demostrado que no son intocables, tal es el caso de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y de Otto Pérez Molina de Guatemala.
En México se han presentado varias iniciativas para acotar o desaparecer el fuero, pero las fuerzas políticas no se han puesto de acuerdo sobre todo por si debe o no permanecer esta figura jurídica para el presidente de la República.
Legisladores de izquierda insistirán para que este tema prevalezca como parte del paquete anticorrupción.
