Delitos más frecuentes fueron cohecho, colusión y malversación

Lima. El Poder Judicial impuso a nivel nacional 13,307 sentencias condenatorias por delitos contra la administración pública, entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2015.

Las sentencias, impuestas en concordancia con la política de lucha anticorrupción, fueron dictadas contra autoridades regionales, provinciales y distritales, así como funcionarios públicos de todos los niveles del Estado, magistrados y terceros particulares involucrados en estos hechos.

De acuerdo con estadísticas de la Subgerencia de Producción y Administración de Plataformas del Poder Judicial, los delitos cometidos con mayor frecuencia fueron cohecho, en sus distintas modalidades, (con 4,272 sentencias condenatorias), colusión (3,791), malversación de fondos públicos (2,745), peculado (2,658) y concusión (959).

Entre dichas sentencias destacan las impuestas al exjuez del 38° Juzgado Penal de Lima, Wilbert Sánchez Vera, de tres años y ocho meses de cárcel efectiva por prevaricato, y la prisión preventiva por nueve meses dictada contra la fiscal de Tambogrande, Piura, Danitza Carrasco Delgado, acusada de solicitar una coima de 20,000 soles para favorecer a una investigada.

En lo que atañe a autoridades elegidas por voto popular, se condenó a cinco años de cárcel efectiva al suspendido gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y a nueve años de prisión efectiva al exalcalde de Echarate (Cusco), Elio Pro Herrera, por colusión y negociación incompatible.

Igualmente, se amplió por 18 meses la medida de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, y se condenó a 19 años de prisión al exalcalde del distrito puneño de Taraco, Andrés Miliano Incahuanaco, por los delitos de peculado doloso agravado y contra la fe pública.

En un comunicado de prensa, el Poder Judicial enfatizó que la gestión de su titular, Víctor Ticona Postigo, se caracteriza por ser intolerante a cualquier acto de corrupción y ejecutar acciones ejemplares para combatirla de manera frontal, respetando el debido proceso y los derechos de las partes procesales.