La reestructuración, que implica el despido de 2.700 funcionarios de distintas reparticiones públicas, fue realizada por motivos de "corrupción", según el ministro del Trabajo, aunque posteriormente debió retractarse. Rafael Correa sostuvo que la decisión se aplicó por aspectos de "maltrato" y "resistirse al cambio".

La compra de renuncias obligatorias que aplica el gobierno como parte de la reestructuración del sector público estaría fundamentada en una “corrupción evidente”, pero que no se puede demostrar, según reconoció este lunes el presidente de la República, Rafael Correa.

“Esta es una cantaleta (...) que a los corruptos había que sancionarlos y no había que terminarlos con una indemnización... palo porque bogas, palo porque no bogas”, dijo este lunes el mandatario, quien enfatizó que esta medida “se la ha aplicado después de un extenso análisis”.

Dicho estudio fue elaborado por un grupo de 80 jóvenes que conforman la Unidad de Formación Interinstitucional del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), encargados de revisar las carpetas de los funcionarios, sus salarios y decir por qué debían ser desenrolados del sistema estatal.

El presidente Correa los conoció y felicitó este lunes durante un recorrido que realizó al nuevo edificio del MRL ubicado en el norte de Quito, a cargo de Richard Espinosa.

“Felicitaciones, chicos, están haciendo un gran trabajo, nuestro respaldo. Para nosotros sería lo más fácil no hacerlo... No estamos pensando en las próximas elecciones, pensamos en el futuro del país”, les dijo el presidente.

Luego, en un breve encuentro con la prensa, a la que Correa pedía se le dieran las comodidades para acompañarlo en su visita, señaló que se está trabajando por los derechos de los trabajadores, pero se observó que había funcionarios que “ya no respondían. (Los despidos) no solo fueron por cuestiones de corrupción como manipuló y descontextualizó cierta prensa por ponernos en contra, por hacer daño al gobierno. No se trata de cuestiones de corrupción, sino de maltrato, de resistirse al cambio”.

Y al ser consultado si dichas compras de renuncias se las hacían con base en el criterio de los altos funcionarios, el mandatario respondió: “Ese es el típico periodismo ecuatoriano, siempre nos hace preguntas capciosas para ver si caemos en las trampas”.

Justificó que el empleador puede tener la capacidad de decidir si le conviene continuar con un trabajador o no.

“Hay corrupciones evidentes pero que no se pueden demostrar y tenemos que actuar en beneficio de los ecuatorianos. El Estado necesita capacidad de gestión, por el bien común, y hay corrupción muchas veces evidente pero que es muy difícil demostrarla a nivel judicial”.

Para sustentar sus aseveraciones relató que en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil se había instalado un call center para la obtención de turnos, pero paralelamente habían implementado un infocentro en el que se cobraba por obtener un turno médico.

De esta forma sus críticas se extendieron incluso a los asambleístas de oposición, quienes a través de una resolución preparada por la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por Lourdes Tibán (Pk), buscarán este martes que los 2.700 funcionarios despedidos sean enrolados nuevamente en sus cargos.

“Esta resolución será otro saludo a la bandera”, ironizó.

En esa línea siguió el ministro Espinosa, quien dijo que de aprobarse dicha resolución no tendrá ninguna validez jurídica para el ministerio. “Es así que este proceso continuará”.

El viernes 18 de noviembre, Espinosa en una entrevista con este diario dijo que fue un “lapsus” que en cadenas de televisión (31 de octubre) él y otros ministros dijeran que la medida (renuncia obligatoria) se aplicará a los corruptos. “No podemos decir que todos los que salieron son corruptos”.