La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo que “estamos plenamente convencidos de la constitucionalidad de la ley. Es una ley plenamente garantista”.

Madrid. El presidente de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, amenazó este lunes con no aplicar la nueva ley del aborto, que ha entrado este lunes en vigor, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el recurso presentado en su contra.

"Seguiremos con las enmiendas que hemos planteado, seguiremos impulsando las vías jurídicas que en ellas estamos y cuando se haya resuelto todo ya veremos a ver lo que se hace. De momento no hay razones para acatar lo que todavía no está en su punto y final", declaró Varcárcel a varios medios.

El TC admitió a trámite la semana pasada los recursos presentados por el Partido Popular y el gobierno de Navarra contra la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El PP ha solicitado que se suspendan cautelarmente los ocho preceptos que recurre de la nueva ley, entre ellos el que permite a la madre abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación.

El alto tribunal concedió al Congreso, Senado y Gobierno un plazo de tres días para presentar alegaciones antes de decidir si suspende la aplicación de la norma.

Sin embargo, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, no cree que el Tribunal Constitucional deje en suspenso la entrada este lunes en vigor de la ley del aborto como pedía el PP en el recurso de inconstitucionalidad presentado la semana pasada.

"Estamos plenamente convencidos de la constitucionalidad de la ley. Es una ley plenamente garantista y que respeta totalmente los límites que se marcaron en su día por el Tribunal Constitucional", dijo este lunes Aído a la Cadena Ser.

Los “populares” basan el recurso en la propia doctrina del Tribunal Constitucional, que protege la vida del "nasciturus", y que según los recurrentes queda absolutamente desprotegida en las primeras 14 semanas de gestación con la nueva ley.

Además, el PP recurre también la medida que permite a las mayores de 16 años y menores de 18 abortar sin el consentimiento, en ocasiones, de los padres o tutores, así como la limitación de la objeción de conciencia del personal sanitario.

El gobierno de Navarra impugnó, por su parte, los artículos relativos a las menores de 18 años, la objeción de conciencia y un apartado de la ley que cree que vulnera las competencias exclusivas del Ejecutivo foral en organización y prestación de servicios sanitarios.

La ministra Aído defendió que esta ley es más segura, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios, y también es una norma que tiene un capítulo muy importante en la prevención de los embarazos no deseados.

"Uno de los objetivos que perseguimos es reducir el número de embarazos no deseados y el número de abortos que no ha parado de crecer en las últimas décadas", dijo Aído.

En 2009 se registraron unos 110.000 abortos en España.

El Real Decreto que desarrolla la ley establece que las menores de 16 y 17 años tienen potestad para decidir abortar, aunque añade que al menos uno de sus padres o tutores deberá estar informado de la decisión.

Si la menor alega un conflicto grave al informar a sus progenitores, el médico podrá solicitar un informe psiquiátrico, psicológico o de un trabajador social para determinar si las alegaciones tienen fundamento.