El Ministerio Público, el Comisionado de los Derechos Humanos y la Policía rechazan la entidad por considerar que se estaría violentando la ley si se faculta a un ente extraño hacer investigaciones, proponer reformas a la ley y enjuiciar a personas.

Tegucigalpa. Una controversia ha generado en Honduras el anuncio de que el gobierno de Porfirio Lobo estaría anuente a que se instale una comisión internacional contra la impunidad con el apoyo de las Naciones Unidas y de países cooperantes.

Lobo Sosa anunció que en los próximos días vendrán a Honduras varios miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad para hacer un examen del comportamiento de este fenómeno y ver de qué manera colaboran para el esclarecimiento de algunos temas pendientes.

El presidente del Congreso, Juan Hernández, al igual que el de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, se han puesto en sintonía con Lobo Sosa, asintiendo dicha iniciativa.

La creación de un organismo de tal naturaleza es rechazada por instituciones como el Ministerio Público, el Comisionado de los Derechos Humanos y la Policía, pues se estaría violentando la ley si se faculta a un ente extraño hacer investigaciones, proponer reformas a la ley y hasta enjuiciar a personas.

No obstante, los promotores de esta iniciativa consideran que se trata de temas concretos que los órganos de justicia no han podido resolver por diversas circunstancias y que por eso están en la impunidad.

Narcotráfico. Una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) ya opera en Guatemala desde 2007. La propuesta es replicar con los mismos objetivos una entidad en Honduras y El Salvador debido a que, a juicio de los países cooperantes, las acciones contra la impunidad y el narcotráfico deben ser regionales.

Una comisión antimafias ayudaría a reducir los niveles de impunidad ya que 40% de los crímenes en estos tres países están relacionados con la distribución de drogas, según el monitoreo internacional sobre la impunidad en América Latina.

El presidente de la CSJ ha dicho al respecto que los asuntos del poder judicial pueden ser observados y revisados por todos los ciudadanos y por cualquier comisión.

Los jueces aplican la ley y nos someteríamos a cualquier revisión "siempre y cuando no exista ninguna intromisión a los deberes y obligaciones que tiene el Poder Judicial", subrayó.

Por su lado, el presidente del CN dijo estar de acuerdo ya que "no podemos cerrarle las puertas a nadie si no tenemos nada que esconder". A su juicio, es bueno que vengan a ayudarnos en la investigación siempre y cuando la misma esté bajo la tutela de las autoridades hondureñas.