Una ley recientemente aprobada por el Gobierno peruano que permite cerrar largos procesos a acusados de violación a los derechos humanos avivó este martes una polémica en el país, que sufrió una guerra interna por dos décadas con un saldo de 69.000 muertos y desaparecidos.

Lima. Una ley recientemente aprobada por el Gobierno peruano que permite cerrar procesos largos a acusados de violación a los derechos humanos avivó el martes una polémica en el país, que sufrió una guerra interna por dos décadas con un saldo de 69.000 muertos y desaparecidos.

Un grupo de militares retirados solicitó archivar un juicio en curso desde el 2001 vinculado al tema y que aún no tiene sentencia, acogiéndose a la ley aprobada por el Gobierno de Alan García al recibir poderes legislativos en la materia.

La medida fue rechazada por organismos defensores de los derechos humanos y familiares de víctimas de abusos y el ministro de Justicia, Víctor García Toma, amenazó con renunciar luego de mostrar diferencias sobre los alcances de la ley.

El funcionario dijo que la norma no coincide con una "versión aceptable" que planteó su portafolio sobre el tema.

"En realidad estoy esperando (... saber) cual de las versiones de la exposición de motivos de ese dispositivo ha sido remitida al Congreso", dijo García Toma al canal local América Televisión, al comentar la posibilidad de su renuncia.

La ley señala que los jueces deben declarar el archivo de un proceso judicial contra miembros de las fuerzas armadas por abusos a los derechos humanos cuando se haya superado el plazo máximo de un juicio sin sentencia, que es de hasta 36 meses.

Uno de los estos juicios es al llamado Grupo Colina, conformado por militares que actuaron en la clandestinidad en su lucha contra guerrilleros del maoísta Sendero Luminoso, durante el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

Varios miembros del Grupo Colina están siendo procesados por casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la matanza en 1991 de 15 personas, entre ellos un niño de 8 años, supuestamente vinculados a la guerrilla izquierdista.

Por este caso y otros, el ex presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión acusado de cobijar al grupo paramilitar durante su Gobierno entre 1990 y el 2000.

"Diez años de enjuiciamiento excede no sólo la legislación nacional sino cualquier legislación de carácter internacional", dijo Marcelo Rodríguez, abogado de los miembros del Grupo Colina que solicitó el archivo del juicio a los militares.

La abogada de las víctimas por este caso, Gloria Cano, dijo que es inaceptable la ley en momentos que el Perú trata de hacer justicia a casos de violación a los derechos humanos.

"Creemos que esto es hasta inaplicable porque el Gobierno ha suscrito convenios internacionales que obliga al Estado peruano a culminar estos procesos", dijo Cano a periodistas.

Amnistía Internacional dijo hace unos días en un comunicado que la ley "constituye un grave retroceso en derechos humanos" porque permite prescribir los crímenes de guerra en Perú.