La Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron el domingo en Cataluña para impedir un referéndum de independencia, enfrentándose a una multitud de votantes indignados en algunos centros de votación.
La Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron el domingo en Cataluña para impedir un referéndum de independencia, enfrentándose a una multitud de votantes indignados en algunos centros de votación.
Los servicios de emergencias de Cataluña dijeron que habían atendido a 337 personas por las cargas policiales, casi todos ellos por heridas leves. El Ministerio del Interior informó después en su cuenta de Twitter de que nueve agentes de la Policía Nacional y dos guardias civiles habían resultado heridos.
Los agentes, con cascos y escudos antidisturbios, se enfrentaron a cientos de votantes en los exteriores de un colegio en Barcelona, mientras la multitud gritaba "¡somos gente de paz!". Vehículos blindados y una ambulancia estaban aparcados cerca.
En Sant Juliá de Ramis, en la provincia de Girona, la Policía irrumpió en un centro de votación minutos antes de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acudiera a votar allí tal y como tenía previsto. Rompieron cristales para obligar a abrir las puertas mientras los votantes, con los puños en alto, cantaban el himno de Cataluña.
La Policía también disparó pelotas de goma en el centro de Barcelona, según informó el diario catalán El Periódico.
La consulta, declarada ilegal por el Gobierno español, ha sumido al país en la peor crisis institucional en décadas y ha tensado las relaciones entre Madrid y Barcelona.
El Gobierno catalán había previsto que la votación comenzara a las 9 a.m. en alrededor de 2.300 centros. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo en declaraciones al canal de televisión La Sexta que la Guardia Civil había neutralizado unos 70 colegios.
A primera hora de la mañana comenzaron a colocarse urnas y papeletas en algunos de los centros electorales. Los organizadores instaron a los votantes a usar resistencia pasiva contra la policía.
En las semanas previas a este referéndum, la policía ha arrestado a altos cargos catalanes, incautado papeletas, cerrado muchos de los centros habilitados para votar y ocupado el centro de tecnología regional.
Sin embargo, los dirigentes catalanes, apoyados por el movimiento secesionista, se han negado a renunciar a su idea de consultar a la ciudadanía sobre su relación con España. Grupos de familias ocuparon colegios durante la noche en un intento de que la policía no los clausurara antes de las 6 de la madrugada, como dictó una resolución judicial.
El Gobierno catalán dijo que los votantes podían imprimir las papeletas en sus casas y depositarlas en cualquier centro que no estuviera cerrado.
"Me he despertado pronto porque mi país me necesita", dijo Eulalia Espinal i Tarro, pensionista de 65 años que empezó a hacer cola con aproximadamente un centenar de personas más a las puertas de un centro electoral de Barcelona a las 5 de la madrugada, cuatro horas antes del inicio previsto de la jornada de votación.
"No sabemos qué va a ocurrir pero tenemos que estar aquí", añadió.
"He esperado 80 años". Los organizadores habían pedido a los votantes que acudieran a los centros de votación antes del amanecer, esperando que las colas fueran la primera imagen que se viera internacionalmente del día de la votación.
En otros centros electorales, activistas proconsulta se llevaron las puertas metálicas de los centros para dificultar su precinto.
"Esta es una gran oportunidad. He esperado 80 años para esto", dijo Ramón Jordana, de 92 años, un extaxista que esperaba para votar en Sant Pere de Torelló, una localidad en los Pirineos y bastión independentista.
Había envuelto sus puños con banderas catalanas, entre unas 100 y 150 personas que se concentraban en un colegio local, listos para bloquear la entrada de la policía. Un tractor también hacía guardia.
En un principio, el presidente catalán, Carles Puigdemont, dijo que si ganaba el "sí", el Parlamento catalán declararía la independencia en las 48 horas posteriores, pero los líderes regionales han reconocido que el cerco policial ha alterado la consulta.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha enviado a miles de policías y guardias civiles a Cataluña para aplicar la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, cree que ha hecho lo suficiente como para desacreditar el referéndum.
Aproximadamente un 40% de los catalanes apoyan la independencia, según los sondeos, aunque hay una mayoría de los 7,5 millones de catalanes que quiere expresar su opinión en un referéndum.
