Una ola de protestas ciudadanas han puesto en jaque al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras y reclaman la instalación de un comité internacional que investigue los casos de corrupción.

Por noveno viernes consecutivo, unas 20 mil personas recorrieron con antorchas las calles de la capital, Tegucigalpa, y se detuvieron, según medios hondureños, en la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en donde el periodista David Romero se ha visto obligado a refugiarse. El director de Radio Globo es acusado de difamación, tras revelar los casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS), que involucran al presidente Juan Orlando Hernández.

Las marchas comenzaron en mayo pasado, luego de que la fiscalía comprobara que US$330 millones fueron desviados del Seguro Social por funcionarios y empresarios, mientras que el presidente reconoció que US$94.000 de ese dinero financiaron su campaña electoral. “No podemos desconocer que el presidente tomó algunas decisiones que justamente son las que han evidenciado la gran corrupción en el país. Lo que no esperaba es que al final se tradujera en una oposición de distintos sectores de la sociedad en contra de su gobierno“, afirma Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa, (ASJ).

Entre 2010 y 2014, el Partido Nacional (PN), fuerza gobernante en Honduras, financió campañas a través de una red de empresas fantasma, cuando gobernaba Porfirio Lobo, cuyo hijo fue detenido recientemente en Haití acusado de narcotráfico. Una de esas empresas, Astropharma, está vinculada a la familia de la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, así como con tres familiares suyos. Según la acusación Astropharma vendió medicinas y equipos sobrevalorados al IHSS.

La diputada del PN pagó una fianza equivalente a unos US$900 mil y volvió a su lugar en el Congreso. Portavoces del movimiento señalan indignados que el desangre a la institución ha costado la vida a unos 2.800 pacientes debido a la insuficiencia de medicamentos. Las antorchas utilizadas en las marchas recuerdan a los muertos por la corrupción.

“Lo que reclaman los indignados y con ellos la mayor parte de la sociedad hondureña es que el gobierno solicite el apoyo para la conformación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad parecida a la que funciona en Guatemala desde hace ocho años“, afirma el politólogo hondureño Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras. “La institucionalidad hondureña ha colapsado, ha entrado a un nivel de deterioro y de descrédito tal que carece de confianza pública“, señala Meza.

El largo camino de la Justicia. Un ex director del IHSS, dos ex viceministros y otros sospechosos se encuentran detenidos, sin embargo hasta que se produzcan las condenas hay un largo camino en el sistema de Justicia del país centroamericano. El fiscal Roberto Ramírez, que investigó el caso de corrupción en el IHSS, fue enviado como embajador ante la Unesco en París, después de recibir varias amenazas de muerte.

El presidente Juan Orlando Hernández se opone a pedir a la ONU ayuda para conformar una Comisión Internacional Contra la Impunidad como la CICIG. Hace unos días el presidente destacó que junto con las iglesias católica y evangélica, la ONU y la OEA se formará un equipo “para desarrollar un sistema de lucha contra la corrupción y la impunidad“. El jefe del Ejecutivo informó que la OEA designó al chileno John Biehl, como facilitador de un diálogo con los distintos sectores de la sociedad.

“Veo difícil que en el ámbito político logren ponerse de acuerdo. El pueblo pide una Comisión Internacional Contra la Impunidad como la que funciona en Guatemala, el presidente dice otra cosa, lo importante es que hay conciencia de que el país por sí sólo no va a poder desarrollar esta lucha“, destaca Carlos Hernández.