La ley general de transparencia será presentada ante el pleno del Senado para su eventual aprobación, después de largo proceso de negociación.

Con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que el pleno del Senado votará este miércoles, por primera vez en la historia se obligará al Congreso de la Unión a exhibir semestralmente el uso del dinero público destinado a los grupos parlamentarios; la bolsa que este año supera 2.000 millones de pesos (US$129,7 millones).

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, los senadores tienen mayor dinero destinado a los grupos parlamentarios, a pesar de que son menos que los diputados.

Para 500 diputados hay una bolsa de 980 millones 775.274 pesos (US$62,96 millones) etiquetada en el Presupuesto de Egresos bajo el rubro Otros Servicios Generales, y para 128 senadores la bolsa es de 1.156 millones 981.295 pesos (US$75 millones).

Es decir, en promedio cada diputado cuesta 1 millón 961.550 pesos (US$127.231) y cada senador 9 millones 38.916 pesos anuales (US$586.287). En la Cámara de Diputados hay ocho grupos parlamentarios y en el Senado cinco; el PRI es el que más dinero tiene para los trabajos de su fracción, al tener más legisladores, le sigue el PAN y luego el PRD.

El dinero público otorgado a las fracciones parlamentarias ha sido por años opaco. El mes pasado la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en el “Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013” que no pudo comprobar si los recursos públicos asignados a las bancadas se destinan realmente a los trabajos legislativos

La ley que se espera que aprueben los senadores, y envíen a la colegisladora para su análisis, establece que el Congreso de la Unión, incluso los congresos locales, estarán obligados a revelar un informe semestral del uso y destino de los recursos consignados a los grupos parlamentarios, órganos de gobierno, comisiones, comités y centros de estudio u órganos de investigación, además de elaborar un padrón de cabilderos para que se detecten posibles conflictos de interés.

La información debe ser publicada en la página de Internet oficial de cada congreso sin que medie solicitud de información; de no cumplir, “cualquier persona” podrá denunciar la falta ante el IFAI o los órganos garantes locales, según corresponda.

La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia podrá ser anónima, se interpondrá por correo electrónico, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que se prevé crear, o por un escrito presentado físicamente por el denunciante.

Los órganos garantes resolverán en breve si la denuncia procede o no y en caso de que detecten la falta de transparencia, obligarán a los congresos a abrir la información. Si persiste el desacato, los institutos de transparencia podrán imponer medidas de apremio o las determinaciones que resulten procedentes.

Con esto, los legisladores no tendrán pretexto para rendir cuentas a través de la transparencia de los recursos públicos, una demanda ciudadana que ha permanecido por la opacidad con la que se manejan en los congresos.

Un ejemplo de incumplimiento está en la Cámara de Senadores, la cual aprobó un acuerdo en el 2013, durante el último día de la presidencia de Ernesto Cordero, para que los grupos parlamentarios rindan un informe trimestral sobre el uso de los recursos públicos y del cual los integrantes de la Mesa Directiva publicarán la lista de sus asesores; acuerdo respaldado por la mayoría de los legisladores y que hasta el momento se ha desacatado.

La página de Internet de la Cámara Alta exhibe el monto entregado a los grupos parlamentarios pero sólo de junio-diciembre del 2013, y la lista de los asesores no se ha dado a conocer.

La opacidad legislativa. El “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013”, de la ASF, especifica algunos rubros de opacidad en el Congreso de la Unión:

- Los 1.209 millones 508.700 pesos asignados a los grupos parlamentarios del Senado en ese año se manejaron discrecionalmente.

- Los integrantes de la Mesa Directiva del Senado (presidente, tres vicepresidentes y cinco secretarias) se asignaron 50.000 pesos extra para gastos de representación “por la demanda frecuente de reuniones de trabajo con diputados federales, sectores de la sociedad mexicana y agrupaciones sociales”.

- Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones en la Cámara de Diputados.

- Que 193.9 millones de pesos en la Cámara de Diputados etiquetados para la conservación, operación y equipamiento de recintos se erogó en conceptos que no se relacionaron con el fin para el que fueron autorizados.