El juez federal del Distrito de Texas, Andrew Hanen, emitió una orden temporal el pasado lunes, tomando el lado de Texas y otros 25 estados que formaron parte de una demanda en contra de las acciones ejecutivas de Obama sobre la inmigración.

Por Elena Shore. La semana pasada un juez federal bloqueó que entraran en vigor las acciones ejecutivas de Obama, una acción que defensores de la reforma migratoria están llamando sólo un "revés temporal".

El juez federal del Distrito de Texas Andrew Hanen emitió una orden temporal el pasado lunes, tomando el lado de Texas y otros 25 estados que formaron parte de una demanda en contra de las acciones ejecutivas de Obama sobre la inmigración. El Departamento de Justicia está trabajando en la apelación y también ha pedido una suspensión de la decisión (del juez).

El fallo del juez fue anunciado apenas dos días antes de que la versión ampliada de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) estaba programado para entrar en vigor.

Esto significa que -hasta que el fallo sea bloqueado o revocado por un tribunal superior- los individuos no podrán aplicar para los nuevos programas anunciados por el presidente Obama el 20 de noviembre de 2014. Estos incluyen la versión ampliada de DACA, que estaba programado para comenzar el miércoles, y el nuevo programa para padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, llamado Acción Diferida para Responsabilidad de los padres (DAPA), que se esperaba comenzar en mayo.

Juntos, los programas podrían proteger a más de 5 millones de inmigrantes indocumentados de la deportación y proporcionarles autorización de trabajo temporal.

El fallo del lunes no afecta a los llamados Dreamers, que todavía pueden solicitar (y renovar) DACA bajo el programa que fue anunciado en 2012.

El juego de ajedrez. La demanda federal en Texas es la última acción en un juego de ajedrez político más amplio entre los republicanos y demócratas sobre las últimas acciones del presidente sobre la reforma migratoria.

Desde el anuncio de Obama en noviembre, los republicanos han tratado de bloquear sus iniciativas en el Congreso. Pero la legislación no ha conseguido ser aprobada por el Senado (e incluso si lo fuera, sería vetada por el presidente).

Eso dejo una vía para que el partido republicano desafiara las acciones ejecutivas de Obama: a través de los tribunales.

"Como lo hicieron en la lucha de atención médica, cuando no fueron capaces de bloquear la aplicación de la Ley de Asistencia Asequible a través de la legislación, los republicanos recurrieron a los tribunales para resolver lo que realmente es una disputa política sobre la ley", dijo Marshall Fitz, vicepresidente de la política de inmigración en el Centro para el Progreso Americano, a los periodistas en una llamada nacional de prensa organizada el martes por New America Media.

"No lo duden", dijo Fitz. "Este es un ataque político partidista disfrazado como una demanda".

Los demandantes "buscaron a este juez" porque, dijo Fitz, él tiene "una historia de decisiones extremadamente antagónicas, excedidas, muy extremistas, anti-inmigrante”.

"Ellos fueron de compras por un juez, encontraron su juez, consiguieron la decisión que querían", dijo Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, en Washington, DC "Pero al leer la decisión, no está bien argumentada, [se basa en una] base muy débil, y es claramente una decisión politizada que no va a sobrevivir apelaciones a través del sistema judicial".

Se espera que el caso vaya al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, un panel de tres jueces conocidos por su tendencia conservadora. Después de eso, el caso iría a un tribunal estadounidense de apelaciones completo e incluso potencialmente hasta la Corte Suprema.

"Las ruedas de la justicia son lentas", dijo Fitz, "pero al final de la pista, tendremos confirmada la legalidad y el programa será implementado”.

Los defensores de inmigración tienen varias razones para estar confiados.

"El hecho es que el gobierno de Obama tiene un caso legal seguro", dijo Sharry. "Cada presidente desde el presidente Eisenhower en la década de 1950 ha utilizado la autoridad ejecutiva en el ámbito de la política de inmigración para hacer cosas similares".

"Tenemos la ley de nuestro lado, precedentes legales, precedentes históricos", dijo Sharry, "y cuando un juez tome una decisión en el futuro -esperemos que en los próximos días o semanas- en base a la ley, estamos seguros de que el DACA ampliado y DAPA podrán entrar en vigor".

[[wysiwyg_imageupload:5499:]]

El verdadero peligro es el miedo. Defensores de la reforma migratoria dicen que están seguros de que la decisión del juez será revocada. Mucho más preocupante, dijeron, es el temor que pueda generar en las comunidades de inmigrantes mientras tanto.

"Parte de la estrategia republicana aquí es introducir elementos de incertidumbre y controversia alrededor de este programa con la esperanza de que cuando entre en vigor, menos personas se inscribirán", dijo Sharry de America’s Voice.

Advirtió a las comunidades de inmigrantes "no caer en esto".

Algunos inmigrantes no se atreven a solicitar un programa que es temporal, dijo, porque tienen miedo de que su información podría ser utilizada para deportarlos si el programa se anula. Pero Sharry dijo que estos temores son exagerados. "En mis 30 años de trabajar en la política de inmigración", dijo, "nunca he visto un programa temporal terminado de una manera que somete a la gente que ha participado a la deportación".

Lo que puede hacer ahora. Aunque aún no pueden aplicar para los nuevos programas, inmigrantes indocumentados pueden empezar a colectar sus documentos.

"Realmente queremos hacer hincapié en el mensaje a los inmigrantes, sus amigos y familias, a no perder las esperanzas, que todo el mundo debería seguir preparando, que la gente puede estar lista para solicitar los programas tan pronto como se levante este bloqueo", dijo Shiu-Ming Cheer, abogada de inmigración en el Centro Nacional de Leyes Migratorias (National Immigration Law Center), con sede en Los Ángeles.

Cheer animó a los inmigrantes a seguir ahorrando dinero (la tarifa de solicitud para DACA y DAPA será de US$465) y reunir pruebas de que han estado en el país durante los últimos cinco años. Esto incluye una prueba de identidad (como un pasaporte o matrícula consular), prueba de vivir aquí (como facturas, estados de cuenta bancarios y registros médicos) y sus antecedentes penales y de inmigración.

Lo más importante, dijo Cheer, los inmigrantes indocumentados deben buscar ayuda de abogados calificados en las organizaciones comunitarias locales de confianza, no de notarios o profesionales no autorizados.

"Si usted es elegible para el nuevo DACA o DAPA, ambos de esos programas están en espera. No hay manera de aplicar en este momento", advirtió Sharry," por lo que no se dejen engañar por estafadores que les prometen ponerlos al frente de la línea".