Se informó que gracias al trabajo de la Dirección Antidrogas se elaboró una lista con las personas involucradas en actividades ligadas al narcotráfico que ahora tienen aspiraciones políticas.
Con un rostro de preocupación, el ministro del Interior de Perú, Daniel Urresti, recibió la información de que alrededor de 115 candidatos a diversos cargos de elección popular contaban con antecedentes penales por narcotráfico, a poco menos de dos meses para los comicios regionales y municipales del próximo 5 de octubre.
"Creemos que la ciudadanía tiene derecho a saber, por ejemplo, que tal candidato fue involucrado en determinado año, o por lo menos se le citó para que declare en tal caso de tráfico ilícito de droga, o que fue acusado y fue absuelto, eso es importante", expresó el alto funcionario encargado de la seguridad pública.
Urresti aclaró que esta lista se logró gracias al trabajo que lleva a cabo la Dirección Antidrogas (dirandro) que elaboró una lista con las personas involucradas en actividades ligadas al narcotráfico que ahora tienen aspiraciones políticas.
El ministro aseguró que enviará la lista elaborada por la agencia especializada en combate al narcotráfico ante las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde, luego de una previa evaluación, deberán decidir en los próximos días si se publica o no la relación de los presuntos "narcocandidatos".
Las alarmas en el ministerio del Interior sonaron cuando el pasado 1 de agosto, las fuerzas de seguridad peruanas incautaron 600 kilos de cocaína de alta pureza en un camión del político regional Alberto Tapia, candidato a la alcaldía de la ciudad de Barranca, en la costa septentrional peruana.
El cargamento de droga se encontraba debidamente acondicionado en el vehículo, pintado de propaganda electoral, a favor de la candidatura de Tapia para alcaldía, por la organización Fuerza Popular, que preside la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori.
Inicialmente, pese a la droga encontrada en el camión de Tapia, la lideresa de Fuerza Popular defendió la trayectoria de su correligionario al que calificó ser un vecino conocido e ilustre, debido a que ocupó cargos de elección popular en dos ocasiones.
"Es un vecino ilustre de Barranca, ha sido dos veces regidor y por eso gozó del respaldo de las bases de nuestro partido", expresó la jefa del partido fujimorista Fuerza Popular en defensa de la candidatura de Tapia.
Otro aspecto que oscurece la trayectoria de Tapia es que uno de los detenidos durante el operativo antinarcóticos resultó ser Danilo Conrado Silva, que había sido sentenciado a 15 años de presidio por tráfico de drogas y el ex presidente Alan García le otorgó la gracia de reducción de pena a 10 años y fue liberado el 30 de marzo de 2011.
Ante las evidencias mostradas por las autoridades judiciales, finalmente, la presidenta de Fuerza Popular y los principales dirigentes de esta organización decidieron expulsar de su seno a Tapia, para evitar que sus vínculos con el narcotráfico afecten a este conglomerado político.
El escándalo provocado por esta detención volvió a recordar a los peruanos que el ex presidente García también enfrenta una investigación por haber otorgado indulto a cerca de 400 personas vinculadas al narcotráfico durante su segundo mandato (2006-20011).
Al respecto, una Megacomisión de alto nivel del Congreso peruano emitió el pasado 19 de junio un informe sobre la responsabilidad del ex mandatario en este caso conocido como "narcoindultos", donde sustentó que se encontraron indicios razonables contra García y dos ex ministros de Justicia.
El titular de esta Megacomisión, Sergio Tejada, subrayó que también los ex ministros Aurelio Pastor y Rosario Fernández, son solidariamente responsables de estos indultos, favor por los que, supuestamente, según un testigo, los reos pagaron alrededor de US$17.000 por cada liberación de penas.
Entre otras recomendaciones, Tejada propuso al Congreso que se envíen las copias de esta investigación parlamentaria al Ministerio Público para que las autoridades judiciales prosigan con las investigaciones pertinentes en esta instancia.
La realidad lacerante en la política peruana, volvió a reflejarse nuevamente con otro escándalo cuando esta semana el candidato a la presidencia regional de Ayacucho, en la zona surandina de este país, Edwin Donayre, se vió involucrado en otro caso similar.
Una camioneta con propaganda electoral de su organización política, Alianza para el Progreso, fue intervenida por agentes antinarcóticos con alrededor de 200 kilos de cocaína y detuvieron a uno de los custodios del cargamento ilícito.
"Que se pudran en la cárcel. Ojala que les hagan pagar. ¡Yo no tengo ningún tipo de involucramiento con eso!", expresó el candidato regional, quien además es un general retirado del Ejército peruano y que ocupó la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de este país.
La prensa peruana detalló que durante el operativo antidrogas en la provincia de Huanta, Ayacucho, ubicada a 612 kilómetros al sureste de Lima, alrededor de ocho sospechosos lograron fugar a la persecución policial.
Según el reporte de las autoridades peruanas, las fuerzas del orden, además, encontraron cuatro escopetas, un fusil y una pistola, que se encontraba camuflada dentro de abundante propaganda política del partido Alianza para el Progreso.
Al respecto, el analista en temas de narcotráfico Rubén Vargas manifestó su preocupación por las continuas denuncias de casos similares donde personajes de la política se encuentran involucrados directa o indirectamente con el narcotráfico.
El investigador puntualizó que en Perú se produce cocaína y las organizaciones locales, dedicadas al trasiego de esta sustancia trabajan como intermediarios para suministrar droga a los carteles internacionales de mexicanos y colombianos que luego los trasladan a Estados Unidos.
Las autoridades peruanas llevan a cabo una intensa guerra contra el narcotráfico combatiendo las diversas modalidades como el cultivo ilícito de hojas de coca, el trasiego de insumos químicos, la interdicción de cargamentos de droga y el lavado de activos, pero pese a este esfuerzo el poder de este delito ha logrado infiltrarse en la política y otros sectores sociales.
