Los involucrados en el caso son el ex legislador del Movimiento indígena Pachacutik, Cléver Jiménez, y su asesor Fernando Villavicencio, ambos opositores del mandatario ecuatoriano.

Quito. El juez Luis Enríquez, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, declaró prescrita la pena de un año de prisión que pesaba en contra de un ex legislador opositor y su asesor, acusados y sentenciados por injuriar al presidente Rafael Correa, informó este lunes la prensa local.

En su resolución, el juez ordena a la Policía Nacional que se abstengan de capturarlos.

Los involucrados en el caso son el ex legislador del Movimiento indígena Pachacutik, Cléver Jiménez, y su asesor Fernando Villavicencio, ambos opositores del mandatario ecuatoriano.

Ambos, que se mantienen en la clandestinidad, fueron sentenciados el 14 de abril de 2014 a 18 meses de prisión, pero después se modificó la pena a 12 meses, al amparo de un nuevo Código Penal que entró en vigencia.

Por el caso, también fue sentenciado el médico y activista Carlos Figueroa, a seis meses de prisión, plazo que se cumplió en enero pasado, por lo que recuperó su libertad.

El abogado de Jiménez y Villavicencio, Julio César Sarango, dijo a periodistas que la prescripción de la pena se dio por cambios generados en el nuevo Código Penal que eliminaron la figura por la que fueron sentenciados sus clientes.

Según el letrado, la prescripción de pena se dio el pasado 13 de marzo.

El caso se remonta a agosto de 2011 cuando Jiménez demandó ante la justicia al presidente Rafael Correa por delitos de lesa humanidad.

Entonces, el legislador acusó al mandatario de haber fingido un secuestro durante una revuelta policial que enfrentó el 30 de septiembre de 2010, que el gobernante juzgó como un intento de golpe de Estado y de magnicidio.

Durante la revuelta, Correa se refugió en un hospital policial en el que estuvo retenido por nueve horas por policías insurrectos, y luego fue rescatado por un comando militar en medio de una intensa balacera.

El suceso dejó cinco muertos y 274 heridos, según las autoridades.

Sin embargo, la demanda del legislador fue desechada por la justicia al ser calificada de "maliciosa" y "temeraria", por lo que derivó en una contrademanda del presidente Correa por injurias.