Estas pruebas, que incluyen declaraciones de testigos y colaboradores, fotografías y actas de allanamiento, se suman a las 140 pruebas que la Fiscalía ya había entregado cuando reiteró la petición de prisión preventiva para Fujimori, según ha informado 'El Comercio'.
Lima.- El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, presentó 97 pruebas para sustentar la petición de prisión preventiva contra la líder del partido opositor de Perú Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, que se analizará este sábado.
Estas pruebas, que incluyen declaraciones de testigos y colaboradores, fotografías y actas de allanamiento, se suman a las 140 pruebas que la Fiscalía ya había entregado cuando reiteró la petición de prisión preventiva para Fujimori, según ha informado 'El Comercio'.
El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado, Víctor Zúñiga, suspendió este jueves la vista para evaluar la petición de prisión preventiva para Fujimori, durante 36 meses, solicitado por Pérez.
La decisión se adoptó debido a que el 20 y el 24 de diciembre el fiscal presentó nuevas pruebas para sustentar la prisión preventiva contra la líder de FP, pero su defensa no fue correctamente notificada.
La excandidata presidencial tendrá que hacer frente a partir de ahora a otros dos delitos más, entre ellos el de asociación ilícita para delinquir, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Fujimori permaneció presa durante trece meses a causa de las acusaciones que pesaban sobre ella de haber financiado su formación política de manera ilegal en las campañas electorales de 2011 y 2016 a través de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favores y contratos públicos. Finalmente, un recurso de 'hábeas corpus' aprobado por el Tribunal Constitucional (TC) le permitió salir de prisión a finales de noviembre.
"El Constitucional ha corregido un gran daño en un proceso lleno de abusos", manifestó la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien también estuvo durante varios años en la cárcel (2007-2017) por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Tras dos años indultado por motivos de salud, volvió a entrar en prisión en enero de 2019.