Cristina Fernández le ha dado al Grupo Clarín hasta el 7 de diciembre para que comience a vender docenas de licencias operativas o serán rematadas por el Estado en caso contrario.

Buenos Aires. El grupo de medios más grande de Argentina está resistiendo la presión de la presidenta Cristina Fernández para desmantelar su imperio de diarios, canales de televisión y radios, y cumplir con una ley antimonopolio que los críticos califican como un ataque a la libertad de expresión.

Tres años después de que la mandataria describió a la ley de reforma como el comienzo de una nueva era en diversidad de medios, le ha dado al Grupo Clarín hasta el 7 de diciembre para que comience a vender docenas de licencias operativas o serán rematadas por el Estado en caso contrario.

"Vamos a tener que prepararnos para cosas muy estrambóticas (...) Este despliegue mediático, sin precedentes que vemos, donde ya ni siquiera es interpretación, sino mentiras, infamias, calumnias, difamación permanente, tienen que ver con este 7 de diciembre", dijo la presidenta de izquierda en un discurso el mes pasado.

"Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la AFSCA (la agencia reguladora de medios)", agregó.

La presidenta da pocas entrevistas o conferencias de prensa, y suele atacar a medios opositores como el diario Clarín, el de mayor tirada en el país, y al canal de noticias TN.

Fernández solía tener una buena relación con el Grupo Clarín y con su presidente ejecutivo, Héctor Magnetto. Todo eso cambió cuando los diferentes medios del grupo se opusieron a cómo el Gobierno manejó un reclamo de agricultores por un aumento impositivo.

Desde entonces, Magnetto se ha convertido en uno de los puntos de ataque predilectos de Fernández. Gendarmería allanó las oficinas de Cablevisión, del Grupo Clarín, a fines del año pasado y la frase "Clarín miente" se convirtió en un eslogan entre sus seguidores.

La disputa ha golpeado a las acciones de Clarín, que cayeron más de un 40% en el último año, y ha generado incertidumbre entre los inversores críticos de la creciente intervención de Fernández sobre la tercera mayor economía de América latina.

El mes pasado, el Gobierno transmitió un spot televisivo de cuatro minutos advirtiendo a Clarín que el Estado subastaría las licencias en "exceso" si la compañía falla en cumplir la ley.

El grupo mediático respondió con otro spot diciendo que "nada debería pasar". Pero, el portavoz de Clarín, Martín Etchevers, describió el spot del Gobierno como "una clara amenaza".

"El objetivo político es el de silenciar cualquier medio independiente que quede en la Argentina y el objetivo económico probablemente sea también intentar beneficiar a algunos de los grupos de amigos que en los últimos años se han quedado con gran parte de los medios de comunicación en la Argentina", le dijo Etchevers a Reuters Televisión.

Clarín ha desafiado la cláusula más controversial de la ley, el artículo 161, argumentando que viola la Constitución al forzar a empresas a vender licencias de radio, televisión o televisión por cable adquiridas con anterioridad.

Los tribunales todavía no han emitido un fallo sobre el tema, pero el Gobierno dice que una decisión de la Corte Suprema en mayo significa que la orden judicial temporaria que protege a Clarín de cumplir la ley de reforma expirará definitivamente el 7 de diciembre.

Clarín disputa esa interpretación. "Si para esa fecha no está terminado el juicio de fondo, esta medida cautelar, esta protección, puede prolongarse hasta tanto ese juicio se termine", dijo Etchevers, y agregó que la ley de medios le da un año a las empresas para desinvertir.

Esta semana, Fernández designó a un aliado político, el diputado Martín Sabbatella, para que lidere el organismo de control AFSCA encargado de hacer cumplir la legislación, y sus partidarios dicen que Clarín debe hacer lo mismo que otros grupos de medios y presentar un plan de desinversión.

"Durante muchísimos años Clarín aparecía, funcionaba dentro de la democracia incipiente de los argentinos como un mecanismo extra-poder", dijo el aliado de Fernández Agustín Rossi, líder del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. "Se decía que si no se acordaba con Clarín no se podía ser presidente de la Argentina", explicó.

"Ese rol de poder no legitimado de alguna manera se prolonga cuando son los que no cumplen con la ley, y la ley hace 3 años que se aprobó, no es que se enteraron ayer", agregó.

La reforma de la regulación de medios en Argentina, originalmente implementada en la última dictadura, fue bien recibida por muchos grupos de izquierda y académicos.

Además de limitar el número de licencias que una compañía puede tener, le otorga tiempo de aire a grupos no gubernamentales como iglesias y asociaciones comunitarias, y busca promover películas y series hechas en Argentina.

Pero, sus opositores dicen que el AFSCA ha tenido poco progreso en la aplicación de elementos menos controversiales de la ley, confirmando sus temores de que la legislación fue promovida como un intento poco disimulado para castigar a Clarín y a otras voces de la oposición.

"Lo peor de la ley es que -en nombre de un debate democratizador- ha dejado a una sociedad dividida y esto es tal vez el aspecto más peligroso porque en democracia no hay bandos, en la guerra hay bandos", dijo la senadora Norma Morandini, una periodista y miembro de un partido de izquierda de la oposición.