Los integrantes de la comisión tendrán dos años para elaborar su informe a partir de declaraciones y la recopilación y análisis de documentos sobre esos crímenes en el período de 1946 y 1988.

Brasilia. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó este miércoles que la instalación de la Comisión Nacional de la Verdad persigue conocer lo que realmente aconteció, y carece de odio, revanchismo o deseo de rescribir la historia.

"Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad quienes perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo y siempre cada día", aseveró Rousseff emociada hasta las lágrimas, en la instalación de la Comisión de la Verdad.

La presidenta, quien es una de las miles de personas que fueron arrestadas y torturadas por la dictadura militar (1964-1985), aseguró que al darle posesión a los siete integrantes de ese grupo "no nos mueve el revanchismo, o el odio, o el deseo de rescribir la historia de una forma diferente a como aconteció".

“Nos mueve”, subrayó, “la necesidad imperiosa de conocer la verdad en su plenitud, sin ocultamiento”.

Rousseff dio posesión al ex ministro de Justicia José Carlos Dias, el magistrado del Superior Tribunal de Justicia Gilson Dipp, la abogada Rosa María Cardoso, el ex procurador general Claudio Fonteles, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el jurista José Cavalcante Filho.

A la ceremonia, efectuada en el Palacio de Planalto, asistieron todos los ex presidentes brasileños vivos posteriores al régimen militar: José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre los miembros de la Comisión, la mandataria aseveró que su selección no estuvo motivada por criterios personales o por evaluaciones subjetivas. "Escogí un grupo plural de ciudadanos de reconocida competencia, sensatos y ponderados", dijo.

Los siete integrantes de la Comisión de la Verdad investigarán las violaciones de los derechos humanos en Brasil entre 1946 y 1988, aunque sin la posibilidad de llevar a los autores a la justicia.

Tendrán dos años para elaborar su informe a partir de declaraciones y la recopilación y análisis de documentos sobre esos crímenes en el período mencionado, que incluye la dictadura militar. Pese a no tener un fin punitivo, en el texto estarán registrados los nombres de los criminales y sus actos.

La imposibilidad de enjuiciar a los criminales está dada por la vigencia de la Ley de Amnistía, aprobada en 1979, todavía bajo el régimen militar, la cual impide el procesamiento judicial de los autores de torturas, asesinatos, desapariciones y otros delitos cometidos en esos 21 años.