El ministro Juan Carlos López Moreira abogó por la aprobación de una ley de la función pública más clara y remarcó que muchas leyes están mal redactadas y que ese hecho retrasa las obras públicas.

Los ministerios y otras dependencias gubernamentales tienen tiempo hasta mañana para presentar a la Presidencia de la República el número total de funcionarios a su cargo, ya sean nombrados, contratados o comisionados.

Así informó este miércoles el ministro secretario general de la Presidencia y jefe del gabinete civil, Juan Carlos López Moreira, quien refirió que minutos antes de hablar con la prensa envió el pedido a todos los ministerios y secretarías del Estado.

El alto funcionario de gobierno señaló que la medida se enmarca en la política del presidente Horacio Cartes de "ir contra la gente que obra mal" en la función pública.

El mandatario había pedido la semana pasada un recorte de los gastos superfluos en las instituciones. Fue luego de frenar la suba de tarifas de los servicios de la ANDE y de la Essap.

En forma paralela, López Moreira estudia el informe del Ministerio de Hacienda sobre la función, el sueldo y el sitio de trabajo de los funcionarios. Los datos proveídos por los ministerios serán alzados en la página web de la presidencia.

Consultado sobre quién tomará las medidas con respecto a quiénes reciben sus sueldos sin cumplir función alguna, López Moreira señaló que cada ministerio tomará las medidas pertinentes, en coordinación con la Presidencia.

El jefe del gabinete civil reconoció que la lucha contra los planilleros es muy engorrosa y que aún cuando se arriman pruebas de mala praxis o incluso robo, los cesados de la función pública son repuestos por vía judicial.

Nueva ley. El secretario de Estado abogó por la sanción y promulgación del proyecto que modifica la ley de la función pública, documento presentado a mediados del mes pasado por el titular de la Función Pública, Humberto Peralta.

Indicó que dicho proyecto modificará y clarificará sobre todo lo referente a la estabilidad laboral, los cargos de confianza, y la idoneidad en el cargo. Se buscará además que los sumarios administrativos sean más expeditivos.

Mal redactadas. López Moreira se quejó de la mala redacción de muchas leyes que, según dijo, se contradicen con otras, y entorpecen o retrasan la ejecución de las obras.

Lamentó también que muchos proveedores del Estado y empresas que tienen a su cargo obras públicas no tienen la suficiente capacidad para la prestación comprometida, y que en el caso de rescisión de contrato, la obra en cuestión sufre un retraso de varios meses y perjudica a la gente.