En el gobierno de Cartes, que asumió en agosto de 2013, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ha asesinado a 13 civiles, ocho policías y once militares, además de perpetrar varios ataques en la infraestructura.

Montevideo. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y el fiscal general del Estado, Javier Díaz, dijeron este lunes ante representantes de las gremiales empresariales que redoblarán la lucha contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que opera en el norte del país.

"Nos comprometemos tanto el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público ante la ciudadanía a redoblar esfuerzos contra el EPP para tener más seguridad en el norte del país", dijo Díaz citado este lunes por la prensa digital en Asunción, la capital paraguaya.

El titular del Ministerio Público manifestó su apoyo al trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) (militares y policías de Paraguay), responsable del combate al EPP que actúa en los norteños departamentos de Concepción y San Pedro.

Tras la reunión en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, Díaz señaló que 106 personas han sido imputadas hasta ahora por su vinculación con los secuestros del EPP.

Participaron en el encuentro representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).

A principios de agosto, Cartes puso en funciones a un nuevo comandante de la FTC, días después de que el EPP secuestró al colono (persona que trabaja la tierra) Franz Wiebe, de 17 años, en San Pedro, por el cual reclama un rescate de US$700.000.

Este joven se suma a los ya secuestrados, el oficial de policía Edelio Morínigo, en cautiverio desde el 5 de julio de 2014, que constituye el plagio más largo en la historia paraguaya, y Abraham Fehr, retenido desde el 8 de agosto de 2015.

La FTC inició sus operaciones en el norte paraguayo a fines de 2013.

En diciembre de 2014, el grupo armado liberó al joven Arlan Fick, hijo de un estanciero (dueño de una casa de campo) en el departamento norteño de Concepción, luego de secuestrarlo durante 267 días y tras el pago de un rescate de US$500.000.

En el gobierno de Cartes, que asumió en agosto de 2013, el EPP ha asesinado a 13 civiles, ocho policías y once militares, además de perpetrar varios ataques en la infraestructura.

El fiscal general aseguró que la dependencia que encabeza toma "muy en serio" la amenaza de muerte contra Cartes, al parecer proveniente del capo brasileño del narcotráfico Jarvis Chimenes Pavao.

El fiscal aclaró que por tratarse de un "tema sensible" no puede dar más detalles.