Quim Torra, nombrado esta semana "president" de Cataluña, desafía de esta manera al Ejecutivo central, que ya advirtió que "actuaría", si Torra nombraba consejeros huidos o en prisión.

Madrid. El nuevo presidente catalán, Quim Torrá, nombró un gabinete que incluye a dos consejeros elegidos que se encuentran actualmente en prisión y a otros dos que están autoexiliados, una decisión que plantea un nuevo desafío al Gobierno central de España.

El gobierno catalán, la Generalitat, anunció en Twitter los nombramiento de Jordi Turull como "conseller" de la Presidencia y Josep Rull de Territorio y Sostenibilidad, ambos en la cárcel por su papel en un referendo independentista considerado ilegal por Madrid.

Además, se nombró a cargo de Salud a Antoni Comín y en Cultura a Lluís Puig i Gordi, los dos están en Bruselas, donde la justicia acaba de rechazar su extradición. España los busca por su participación en la consulta independentista del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, cuando gobernaba en Cataluña el expresidente Carles Puigdemont, quien se encuentra en Alemania.

Los nombramientos se producen después de que este lunes 14 de mayo el independentista Quim Torra fue elegido nuevo presidente de la Generalitat tras casi siete meses de intervención de las instituciones autonómicas por el Gobierno de Madrid, que cesó al Ejecutivo de Puigdemont y convocó para diciembre unas elecciones catalanas en las que el independentismo volvió a obtener mayoría.

Torra, designado por Puigdemont tras varias candidaturas fallidas, ha comunicado al presidente español Mariano Rajoy su intención de dialogar, pero ha generado incertidumbre al declarar que seguirá trabajando en la implementación de una república en la región.

Este viernes el Gobierno había advertido a través de su ministro portavoz que actuaría si Torra nombraba a consejeros en prisión.

"En la hipótesis de que alguien que esté en la cárcel sea propuesto como consejero será un juez el que deberá manifestarse, pero ya ocurrió cuando se quiso hacer una investidura telemática de un presidente y no pudo ser. Un consejero, un ministro, no puede ejercer las funciones de tal si está en prisión, es de sentido común", dijo Íñigo Méndez de Vigo en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.