Sebastián Piñera descartó impulsar un indulto general, como propuso la iglesia Católica en el marco del bicentenario, pero estudiará "caso a caso" y por razones humanitarias si procede que algún reo obtenga el beneficio.

Santiago. El presidente chileno, Sebastián Piñera, descartó este domingo impulsar una ley para indultar a reos por violaciones a los derechos humanos y otros delitos graves, calmando críticas sobre la posible liberación de condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El indulto, plantado por la iglesia Católica por la conmemoración del bicentenario de la independencia de Chile, generó polémica en el país sudamericano por la solicitud de la Iglesia Católica de considerar a enjuiciados por causas de lesa humanidad.

"He llegado al convencimiento que no es ni prudente, ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general", dijo Piñera, en una inesperada alocución en el palacio de Gobierno.

El mandatario agregó que usará la figura de indulto particular para estudiar caso por caso de forma "muy prudente y restrictiva", dejando fuera las causas de magnitud.

"Quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves como lo son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores y otros delitos de igual gravedad", especificó el gobernante derechista.

Según indicó, para adoptar su decisión tendrá en cuenta factores como la avanzada edad y si sufran enfermedades terminales, entre razones humanitarias, siempre que "estos beneficios nunca dañen el alma de de nuestro país, ni signifiquen un peligro para las sociedad".

Persisten dudas. Sin embargo, la medida de Piñera dejó dudas de grupos defensores de derechos humanos, que temen que se logre liberar a vinculados en crímenes durante la dictadura o a algunos de sus colaboradores.

"Esperemos que esta señal que hoy día ha entregado esté direccionada a que ningún sujeto vinculado con crímenes cometidos bajo la dictadura al amparo del Estado chileno, los violadores de los derechos humanos, ninguno de ellos va a recibir este tipo de beneficio", dijo Lorena Pizarro, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron por razones políticas y 28.000 sufrieron torturas, incluida la ex presidenta Michelle Bachelet.

Con información de Reuters