La decisión del mandatario Iván Duque frente al tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en medio del conflicto armado con las FARC, podría crear dificultades en la implementación del acuerdo de paz.

Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, objetó este domingo por inconvenientes seis de los 159 artículos de una ley clave para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunció que la devolverá al Congreso para que la ajuste.

La decisión del mandatario frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en medio del conflicto armado con las FARC, podría crear dificultades en la implementación del acuerdo firmado en 2016 con el desmovilizado grupo rebelde.

"Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo", dijo Duque en una alocución por radio y televisión.

Sin embargo, el mandatario anunció que continuará con la implementación de los compromisos a todas las personas que se encuentran en proceso de reincorporación en las regiones que han sido afectadas por la violencia.

Duque objetó un artículo que no establece de manera clara la obligación principal para los victimarios de reparar integralmente a las víctimas, así como otro que no reconoce la competencia del Alto Comisionado para la Paz de verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz.

Así mismo, rechazó un artículo que establece la renuncia a la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, uno que suspende las investigaciones de la justicia ordinaria a quienes se sometan a la JEP y dos que condicionan la extradición para las personas que acudan a ese tribunal.

El presidente anunció que presentará a consideración del Congreso una reforma Constitucional para mejorar ese sistema de justicia transicional con la exclusión de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, así como una norma que establezca que quienes reincidan en actividades criminales perderán todos los beneficios.

Duque anuncia respeto a decisiones del Congreso. Adicionalmente, advirtió que en esa reforma debe quedar contemplado que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la justicia ordinaria.

La ley volverá al Congreso para debatir las objeciones del mandatario. "Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República", aseguró el presidente.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo en una declaración que pese la objeción, ese tribunal continuará funcionando.

Colombia aún está dividida entre quienes apoyan la llegada a la política de las FARC después de un acuerdo de paz sellado y los sectores más conservadores, que quieren ver a los excombatientes tras las rejas por haber participado en la violenta confrontación que ha dejado 260.000 muertos en más de cinco décadas.

Miles de personas, incluidos excombatientes de las FARC y efectivos de las Fuerzas Armadas, han manifestado su intención de someterse a la JEP, que contempla penas más benévolas que la justicia ordinaria. También figuran civiles y exfuncionarios del gobierno acusados de haber apoyado escuadrones paramilitares de ultraderecha.

La JEP impondrá penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años a los que reconozcan su responsabilidad de manera temprana y confiesen los delitos. Quienes admitan su responsabilidad antes de la sentencia recibirán condenas de entre cinco y ocho años de privación de la libertad.

En tanto, quienes sean condenados sin asumir sus responsabilidades serán sentenciados a penas de cárcel de entre 15 y 20 años, además de trabajo comunitario.

Bajo los términos del acuerdo de paz, unos 13.000 integrantes del desmovilizado grupo rebelde, incluidos casi 7.000 excombatientes, abandonaron las armas y conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como parte de su reintegración a la sociedad.

Actualmente ocho de los antiguos dirigentes de las FARC ocupan curules en el Congreso como parte del acuerdo.