El titular del máximo tribunal indicó que “el pueblo debe contar con instrumentos efectivos que le permitan expresar su voluntad, la que ciertamente debe llegar a contemplar, en casos graves y calificados, la posibilidad de poner término a las designaciones de sus autoridades si fuese necesario”.
En su discurso inaugural del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, propuso una serie de reformas para profundizar la participación de la ciudadanía en el cuidado de la probidad de la clase política.
En ese sentido, Muñoz sugirió la creación de un sistema democrático de sanción a las autoridades y la eliminación del fuero parlamentario.
El titular del máximo tribunal indicó que “el pueblo debe contar con instrumentos efectivos que le permitan expresar su voluntad, la que ciertamente debe llegar a contemplar, en casos graves y calificados, la posibilidad de poner término a las designaciones de sus autoridades si fuese necesario”.
Junto con ello detalló que durante el 2014, en todos los tribunales del país, ingresaron más de 3 millones 700 mil causas. Es decir, 500 mil más que el año anterior.
“Debería pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios”, indicó en relación a los últimos casos que involucrarían en eventuales delitos a diversos personeros de la política de nuestro país.
Además fue crítico en señalar que nuestro país “tiene una tarea pendiente en igualdad. Como jueces es nuestra responsabilidad concretar este derecho en cada una de las terminaciones. La igualdad impone comportarse de un mismo modo con todos los semejantes sin reconocer señores ni vasallos, sino personas”.
Sobre la propuesta de destituir autoridades, el presidente de la Democracia Cristiana (DC) Ignacio Walker, aseguró que se le parecía muy bien. “Yo creo que todas las autoridades políticas tenemos que responder por nuestros actos y tiene que haber sanciones drásticas. Es más, yo creo que en caso de una irregularidad grave, en materia de financiamiento de la política, esto debe llegar incluso a la cesación en el cargo parlamentario”.
