Políticos de la oposición han criticado la convocatoria argumentando que una reforma a la Constitución estaría encaminada a permitir una mayor intromisión de Correa en los poderes estatales.

Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso este lunes un referendo constitucional para reformar el sistema judicial y limitar las inversiones de la banca y los medios de comunicación, lo cual es visto por opositores como una medida que lo llevaría a ampliar su poder.

Frente a un desbordamiento de la delincuencia que podría afectar su popularidad en un escenario de debilidad económica, Correa inició el proceso de convocatoria a la consulta para preguntar a los votantes si quieren reformar la forma en que son escogidos los jueces, un grupo que considera corrupto.

Políticos de la oposición han criticado la convocatoria argumentando que una reforma a la Constitución estaría encaminada a permitir una mayor intromisión de Correa en los poderes estatales. Analistas consideran que eso podría afectar la ya golpeada imagen de Ecuador entre inversores extranjeros.

Hay "el temor que el presidente y el gobierno quieran apoderarse de las cortes, confíen en este gobierno de manos limpias", dijo al respecto Correa en una cadena nacional de televisión en la cual explicó las preguntas del referendo.

"Con un sistema de justicia en la crisis en la que se encuentra el actual, el país no podrá salir adelante", explicó el mandatario, quien ha mantenido una popularidad cercana a 60% en sus cuatro años de gestión.

Correa ha culpado a los jueces de la subida de los índices de criminalidad por su falta de firmeza al sancionar a delincuentes y ha sugerido que hay una maraña de corrupción en las cortes que permite a los reos salir fácilmente de las prisiones.

El mandatario busca que los jueces sean seleccionados en 18 meses por un comité integrado por el gobierno, un ente independiente de control y la Asamblea Nacional, en la que los partidarios de Correa son mayoría.

"Esto significaría que Correa podría designar a cualquier persona con juez", dijo Ramiro Crespo, jefe de la firma financiera Analítica Securities.

"No habría división de poderes (...) Los inversionistas ven esto como un debilitamiento del Estado de Derecho", agregó.

La delincuencia ha crecido en el país andino y los esfuerzos de autoridades han resultado mínimos ante la operación de bandas de asaltantes, sicarios y secuestradores.

Correa adelantó que propondrá 10 preguntas para el referendo, las cuales envió para su calificación a la Corte Constitucional (el máximo ente de control de la carta magna). Luego, la Corte Electoral se encargará de preparar la aplicación del referendo, cuya fecha aún está por definirse.

Medios en la mira. Entre las preguntas estará si los votantes están de acuerdo con que los medios de comunicación y grupos financieros -a los que Correa ha cuestionado insistentemente- puedan realizar inversiones ajenas a sus actividades.

"También vamos a preguntar al pueblo ecuatoriano si considera conveniente que banqueros, medios de comunicación nacionales de carácter privado se dediquen exclusivamente al negocio banquero, al negocio comunicacional y no otro tipo de negocios para evitar conflictos de intereses", dijo Correa más temprano a periodistas.

Los medios de comunicación ya están en proceso de desvinculación de sus actividades relacionadas con la banca, de acuerdo a una disposición constitucional.

El gobernante mantiene una agria disputa con medios, a los que califica de "mentirosos" y dice que atacan al gobierno y sus planes sociales. En sus informes sabatinos, usualmente se refiere a diarios críticos a sus políticas como "pasquines" y ha culpado a periodistas de defender intereses de los dueños.

En las preguntas además serán incluidos otros temas como la prohibición de las corridas de toros, la operación de juegos de azar y cambios en el sistema laboral de la nación.

La Constitución actual está vigente desde 2008 y fue redactada por una Asamblea Constituyente afín a Correa y luego ratificada en un referendo. Correa asumió el poder en 2007 con el compromiso de aplicar una revolución que lleve al país a lo que él califica como un Socialismo del Siglo XXI.