Giammattei ha insistido en que "todos los crímenes contra la niñez deberían de ser pagados con la vida del criminal", al tiempo que ha agregado que si "llega una pena de muerte, la vamos a evaluar y la vamos a ejecutar".

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha abogado este jueves por retomar la aplicación de la pena de muerte para condenar determinados delitos tras el caso del asesinato de una niña de ocho años en el departamento de Petén, al norte del país.

"Es hora de que vayamos pensando, por ejemplo, en el crimen de esa niña, debería ser condenado con la pena de muerte", ha aseverado el dirigente guatemalteco en un llamado al Congreso para que "reevalúe" la aplicación de esta condena.

Giammattei ha reclamado que "no tiemble la mano para enfrentar a los criminales" y ha insistido en que "todos los crímenes contra la niñez deberían de ser pagados con la vida del criminal", al tiempo que ha agregado que si "llega una pena de muerte, la vamos a evaluar y la vamos a ejecutar", informa 'Prensa Libre'.

En concreto, el presidente de Guatemala ha mostrado su apoyo a la condena en referencia al asesinato este miércoles de Sharon Figueroa, una niña de ocho años que desapareció el lunes del patio de su domicilio en Melchor de Mencos, en el departamento guatemalteco de Petén, y cuyo cuerpo fue hallado el miércoles con signos de violencia.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) ha precisado que la causa de la muerte de la menor fue la asfixia por estrangulación y que, además, mostraba golpes en las manos y en el rostro.

La Policía Nacional Civil ha detenido por el momento a una mujer en cuya vivienda se hallaron indicios que podrían vincularla con la desaparición de la niña, si bien el arresto se ha producido por posesión de droga que los agentes hallaron mientras investigaban el caso.

La pena de muerte se recoge en la Constitución y el Código Penal del país, pero no se ha aplicado desde los años 2000 por un vacío legal. El expresidente Alfonso Portillo (200-2004) derogó en su último año de mandato la ley que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró en 2017 inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en casos de parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición y magnicidio, en una resolución en la que defendió que este tipo de condena incumple los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos.