Jimmy Morales declaró persona non grata al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez, y ordenó su salida del país, aunque la orden de expulsión del ex ministro colombiano fue suspendida temporalmente por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, analizaba este lunes opciones para expulsar del país al jefe de la misión anticorrupción de la ONU pese a la negativa de la Corte de Constitucionalidad, en medio de presiones internacionales y manifestaciones populares.
Morales declaró inesperadamente el domingo persona non grata al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez, y ordenó su salida del país luego de que la Fiscalía y la CICIG solicitaran un antejuicio en contra del mandatario por presunto financiamiento electoral ilegal.
Aunque la orden de expulsión del ex ministro colombiano fue suspendida temporalmente por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por tres votos contra dos, el presidente aseguró que se trata de una potestad ejecutiva y no judicial.
"La resolución está en un proceso de análisis jurídico respetando el estado de derecho, las leyes y la independencia de poderes", dijo el portavoz del Gobierno, Heinz Heimann, en una rueda de prensa donde además descartó "totalmente" los rumores sobre declarar un estado de sitio por las manifestaciones.
El presidente guatemalteco dijo el lunes en su cuenta oficial de Facebook que será "respetuoso de las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales", con lo que pareció alejarse de la posibilidad de expulsar a Velásquez, desafiar el fallo del máximo tribunal y caer en desacato.
El Gobierno aún puede pedir una audiencia pública ante la Corte de Constitucionalidad, donde se presentarían en detalle los argumentos a favor y en contra de la expulsión del comisionado y el tribunal votaría de nuevo el caso.
Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales y organizaciones de Derechos Humanos han rechazado los ataques contra la CICIG, que ha sido una pieza clave en las investigaciones sobre corrupción.
El embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, dijo en una entrevista con Reuters que la postura del mandatario podría poner en riesgo la Alianza para la Prosperidad, un plan para reducir la pobreza y la criminalidad en Centroamérica apoyado por Washington.
"Probablemente habrá consecuencias por la decisión del presidente", dijo Robinson, quien agregó que se debe analizar muy bien la situación, dado que cualquier medida podría impactar a la débil economía guatemalteca y azuzar la migración ilegal.
Marchas y antejuicios. Cientos de guatemaltecos marcharon el lunes en varios puntos del país en rechazo a la medida de Morales, quien justificó su decisión asegurando que Velásquez se excedió en sus funciones como comisionado y lo acusó de politizar la justicia. El jefe de la CICIG investiga a la familia presidencial por fraude.
"Jimmy Morales, ¡a los tribunales!", gritaron durante la marca cientos de estudiantes que llevaron sus protestas hasta el palacio presidencial, en el centro de la capital guatemalteca.
Morales, un exhumorista de 48 años, asumió la presidencia en 2016 tras una campaña centrada en un mensaje anticorrupción y de apoyo a la CICIG, que fue clave en la caída de su predecesor Otto Pérez Molina por un multimillonario caso de fraude.
Aliados del presidente han criticado al organismo por considerar que viola la soberanía nacional, aunque dos ministros y varios viceministros han salido del Gobierno en protesta por el cambio de discurso de Morales.
"La bancada ha decidido apoyar al presidente de manera irrestricta. Estamos y sabemos que él está en su derecho constitucional", dijo Javier Hernández, jefe del partido oficialista FCN-Nación a periodistas.
Por su parte, la fiscal general, Thelma Aldana, dijo a periodistas que consideraría "prudente" realizar una reunión con Morales para analizar la situación y reiteró su amenaza de renunciar si expulsan al comisionado.
Instalada en el país desde 2007 para ayudar a combatir las mafias paramilitares enquistadas en el Estado tras 36 años de guerra civil, la CICIG es un organismo pionero en el sistema de Naciones Unidas por su poder para investigar y ayudar a procesar casos de corrupción.
Desde la llegada de Velásquez a la CICIG en 2013, tras varios años investigando nexos entre paramilitares y congresistas en Colombia, la Comisión comenzó a investigar a profundidad casos relacionados de corrupción política.
En 2015, la CICIG y la Fiscalía desmantelaron una poderosa mafia llamada "La Línea" que controlaba las aduanas del país, lo que llevó a la renuncia y encarcelamiento del expresidente Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes están presos a la espera de juicio. Ambos niegan los cargos.
Desde entonces, la CICIG ha imputado a más de un centenar de funcionarios, incluyendo exministros, diputados y grandes empresarios, convirtiéndose en una de las instituciones más populares del país, según encuestas.
