Jorge Medina comentó que el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, está llamado a liderar la lucha contra la corrupción en el país y esa cruzada debe contar con el apoyo de todos los sectores.

El presidente de Proética, Jorge Medina, sostuvo que la lucha contra la corrupción en Perú debe ser prioritaria porque perjudica asuntos de interés nacional como la salud, educación y otras áreas relacionadas al desarrollo nacional.

En ese sentido, comentó que el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, está llamado a liderar la lucha contra la corrupción en el país y esa cruzada debe contar con el apoyo de todos los sectores.

“No deberíamos permitir ni siquiera un atisbo de duda, respecto de que este es el problema más grave que tiene que atacar el presidente”, remarcó en Canal N.

Respecto al caso del exasesor presidencial Carlos Moreno, consideró inexplicable como llegó a ese puesto y dijo que ahora se debe evitar que ese tipo de personas se filtren en el sector público.

De otro lado, el representante de Proética resaltó las facultades legislativas logradas por el Poder Ejecutivo porque contienen medidas para combatir la corrupción como las que plantean incentivos para que las personas naturales exijan comprobantes de pago.

“Eso es para evitar la evasión tributaria que es una de las maneras más perversas de la corrupción”, puntualizó.

Asimismo, saludó la facultad para adecuar las leyes nacionales a los estándares la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y combatir la elusión tributaria, el acceso al secreto bancario, formalización de la minería artesanal y de la pequeña minería o la minería ilegal, entre otras.

“En suma las facultades legislativas son buenas y tienen acciones contra la corrupción”, remarcó Jorge Medina.

Medina refirió que la presión ciudadana es muy importante para combatir la corrupción y remarcó que el sector privado también debe tener rol más activo en esa lucha.

Finalmente, dijo que es necesario reorganizar la Contraloría General de la República porque puede tener buenas intenciones, pero la legislación mediante la cual se rige es obsoleta por tanto requiere cambios.