Maduro juró este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia por un segundo mandato desafiando un cerco diplomático de gobiernos que cuestionan la legitimidad de su reelección, en un país donde la profunda crisis económica ha empujado a millones a emigrar.

Nicolás Maduro Moros juró este jueves un segundo período de gobierno en Venezuela en medio del repudio de parte de la comunidad internacional. Maduro aspira así a llegar a 12 años al frente de la "revolución bolivariana", un compromiso que asume en medio de múltiples interrogantes sobre la legitimidad de su reelección.

Tras seis años en el poder, a Maduro lo cuestiona no solo la población, que durante su mandato ha visto cómo el país se ha sumido en la peor crisis económica de su historia, sino que también gobiernos de América y Europa que han mostrado su preocupación por las condiciones en las que se encuentra Venezuela.

Maduro fue elegido provisionalmente en 2013 en el cargo, luego de ser "ungido" por el fallecido presidente Hugo Chávez. Desde entonces ha sostenido que convertirá a Venezuela "en potencia", pero la realidad del país caribeño es otra. Maduro asegura que los venezolanos viven prósperos y felices y que no lo son en mayor medida debido a la "guerra económica" que "impone" el Gobierno de Estados Unidos al emitir sanciones contra su Administración. Lo cierto es que el país vive una espiral hiperinflacionaria que el Fondo Monetario Internacional estima llegue a 10.000.000% en 2019.

Después de la elección del pasado mayo, que ganó con casi el 70% y en la que no participó el grueso de la oposición, Maduro se concentró en ejecutar el llamado "plan de recuperación económica" para lograr "la prosperidad" que prometió durante la campaña y que no logró durante sus primeros seis años de gestión.

El autodenominado "presidente obrero" ha sido calificado de "dictador" por sus detractores, quienes además lo acusan de violar los derechos humanos, de limitar la participación en los comicios con prohibiciones electorales sobre sus adversarios y de mantener en prisión a políticos opositores.

También lo señalan por haber "acabado con el Estado de Derecho", al considerar que todas las instituciones de Venezuela han actuado bajo sus órdenes. Una de esas supuestas órdenes fue la de despojar de sus competencias al Parlamento, de contundente mayoría opositora, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, órgano cuyo presidente, Maikel Moreno, ha manifestado su lealtad a Maduro.