En su opinión, la posición del presidente Kuzcyinsky de no recibir a la Comisión Lava Jato -que preside la congresista Rosa Bartra (FP)- no corresponde, dado que la obligación moral y constitucional de prestar su declaración no puede condicionarse a si lo trataron mal o no.
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, respaldó a la Comisión Lava Jato e indicó que las razones del presidente de la República para no recibir a este grupo investigador generaron un ambiente de incomodidad en los parlamentarios, previo a la presentación del Gabinete.
En su opinión, la posición del presidente de no recibir a la Comisión Lava Jato -que preside la congresista Rosa Bartra (FP)- no corresponde, dado que la obligación moral y constitucional de prestar su declaración no puede condicionarse a si lo trataron mal o no.
“Trae una innecesaria confrontación con el Congreso”, aseguró en diálogo con RPP.
Refirió que hay una discrepancia entre el artículo 117 de la Constitución, que establece que el presidente de la República no puede ser investigado durante su mandato, con el artículo 97 que señala la función de fiscalización de Congreso.
En ese sentido, afirmó que la posición del presidente de señalar que no someterá la institución de la Presidencia de la República al maltrato de algunos parlamentarios en el interrogatorio, no es el más adecuado.
“Tras el adjetivo usado, previo a la presentación del Gabinete, he sentido una incomodidad en las bancadas, la Comisión Lava Jato es multipartidaria y el voto de confianza corresponde a los voceros. Había un buen ambiente”, apuntó.
Como presidente del Congreso dijo que puede dar la seguridad de que nadie le faltará el respeto si recibe a la comisión Lava Jato.
Informó también que ha pedido que se levante la reserva a la sesión de la Comisión de Fiscalización que investigó los actos vinculados a Carlos Moreno, donde participó el mandatario.
“No hubo impasse, salvo una pregunta de incomodidad. He pedido que se levante el secreto de la sesión”, declaró.
Galarreta refirió además que el Parlamento se pone a disposición del Ejecutivo para levantar las trabas que puedan existir para avanzar con el proceso de reconstrucción con cambios, como revisar la ley que establece las expropiaciones.