Pedro Olaechea exigió que fueran los "órganos competentes" quienes resuelvan las crisis políticas, aludiendo específicamente al Tribunal Constitucional y a la Comisión Permanente que ha sustituido interinamente al Congreso tras su disolución.
Lima. El presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, ha protagonizado un nuevo giro en la crisis política que sufre el país por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo a cuenta de la reforma constitucional, reclamando que el Tribunal Constitucional intervenga y que policías y militares se mantengan al margen, así como la celebración de elecciones anticipadas.
Olaechea dio un paso al frente este miércoles con una inusitada rueda de prensa en la que exigió que fueran los "órganos competentes" quienes resuelvan las crisis políticas, aludiendo específicamente al Tribunal Constitucional y a la Comisión Permanente que ha sustituido interinamente al Congreso tras su disolución.
"La Comisión Permanente ha decidido recurrir al TC para resolver la crisis en la que nos encontramos. Tomamos esta decisión porque en una crisis los problemas se resuelven acudiendo a los órganos competentes, no recurriendo a la fuerza", dijo en declaraciones a los medios de comunicación, según informa la prensa local.
Olaechea ha sostenido que Perú se encuentra actualmente en un "estado de acefalia" y ha defendido que "la única manera de resolver esta crisis está en la Constitución".
En su opinión, la mejor salida es llamar a las urnas, algo que ya ha hecho el presidente, Martín Vizcarra, si bien Oleaechea considera que debe convocarlas la Comisión Permanente, no el Gobierno.
"Hoy día nos vamos todos y llamamos a elecciones. Si tengo que ser yo quien convoque a elecciones lo haré, pero dejemos al pueblo que decida", ha argumentado.
Además, ha enviado un mensaje a la Policía y las Fuerzas Armadas, que se han posicionado con Vizcarra. "Invoco a que den un paso al costado y permitan que el problema se resuelva en las instancias correspondientes", les ha pedido.
Olaechea les ha advertido de que, de lo contrario, "pondrán en riesgo su bien ganado prestigio" porque, según ha esgrimido, el cierre del Parlamento no es constitucional "ni en fondo ni en forma".
A este respecto, ha llamado la atención sobre el hecho de que Vizcarra aún no ha logrado formar un nuevo Gabinete de ministros "por la sencilla razón de que juramentar significaría ser cómplice de la destrucción del orden constitucional".
Asimismo, ha instado a la comunidad internacional a "seguir de cerca el desarrollo de la crisis por la que pasa el Perú". La Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha expresado su preocupación y ha emplazado al TC a aportar una solución.
Crisis política. La crisis política en Perú alcanzó un nuevo máximo la semana pasada cuando el Congreso tumbó la reforma constitucional y el consecuente adelanto electoral que buscaba el Gobierno.
Vizcarra respondió el lunes con una maniobra política para, al menos, adelantar la cita con las urnas. Así, el primer ministro, Salvador del Solar, lanzó una cuestión de confianza con la intención de que fuera rechazada, porque el segundo 'no' del Legislativo al Ejecutivo obliga a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. El Gobierno ya recibió su primer rechazo durante la Presidencia de Pedro Pablo Kuczynski.
Los diputados se negaron a debatir y votar la cuestión de confianza y Vizcarra contraatacó cerrando el Congreso y convocando elecciones anticipadas al interpretar que de esta forma sus señorías habían retirado la confianza a su Gabinete. El Parlamento tampoco se quedó atrás y cesó al presidente por "incapacidad moral".
La vicepresidenta, Mercedes Araoz, accedió a asumir la Presidencia de forma interina, aunque tan solo estuvo en el cargo 24 horas porque el martes anunció su "renuncia irrevocable". Por su parte, Olaechea se ha negado a ocupar la vacante porque no tiene el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, alineados con Vizcarra.
La reforma constitucional es la piedra angular de la reforma política que Vizcarra prometió al llegar al cargo para acabar con la corrupción que acabó con la Presidencia de Kuczynski y que ha salpicado también a los últimos cuatro presidentes y a la líder opositora, Keiko Fujimori, así como al Poder Judicial.
