El político conservador de 55 años esperaba que la restructuración de su gobierno la semana pasada le ayudara a pasar de página a un año difícil, marcado por las acusaciones de financiación ilegal de su partido UMP y una serie de protestas a nivel nacional sobre su reforma de pensiones.
París. El presidente francés Nicolas Sarkozy recibió este domingo un espaldarazo en las encuestas al ver cómo su popularidad repuntaba desde mínimos históricos, pero afrontaba un escándalo creciente sobre unas acusaciones de pagos atrasados por unos acuerdos navales con Pakistán en los años 90.
El político conservador de 55 años esperaba que la restructuración de su gobierno la semana pasada le ayudara a pasar de página a un año difícil, marcado por las acusaciones de financiación ilegal de su partido UMP y una serie de protestas a nivel nacional sobre su reforma de pensiones.
Sarkozy también está tratando de aplicar una ambiciosa agenda durante la presidencia de Francia del G-20, que comenzó este mes y se prolongará un año, como una plataforma para reconstruir su popularidad en la carrera para las elecciones presidenciales a principios de 2012.
Una encuesta de Ifo publicada por el Journal du Dimanche ofreció a Sarkozy un respiro. Su tasa de aprobación subió 3 puntos a un 32% a principios de noviembre, tras tocar un mínimo en octubre en el punto álgido de protestas de los sindicatos contra la ley para elevar la edad de jubilación.
La encuesta fue realizada antes y después de la remodelación del Gobierno del 14 de noviembre, en el que permanecieron algunos pesos pesados como la ministra de Economía, Christine Lagarde, pero prescindió de centristas y convertidos de la izquierda para ganar apoyos de la base de votantes de derechas.
No obstante, los periódicos del domingo abrían con la investigación del "asunto Karachi", en el que once ingenieros navales y técnicos franceses murieron en un atentado en 2002 en el puerto paquistaní, lo que originalmente se creyó que fue obra de islamistas.
Familiares de las víctimas presentaron un caso la semana pasada contra el ex presidente Jacques Chirac y su entonces primer ministro Dominique de Villepin, argumentando que el ataque suicida había sido una represalia por la decisión de Chirac de detener las comisiones de ventas de submarinos Agosta a Pakistán cuando llegó al poder en 1995.
Un juez está investigando por separado si pagos atrasados ilegales de contratistas fueron usados para financiar en 1995 la campaña presidencial del mentor político de Sarkozy Edouard Balladur, primer ministro en 1994 cuando fueron firmados los contratos.
"Debemos la verdad a las familias", dijo el diputado socialista Jerome Cahuzac a la emisora de radio Europe 1 el domingo, pidiendo una investigación parlamentaria en el asunto y acusando al gobierno de retener información sobre la financiación de Balladur.
