El gobierno se ha comprometido con la oposición a estudiar los casos y nombró una delegación, encabezada por el vicepresidente Nicolás Maduro, que ya recibió esta semana los nombres de 87 exiliados y 22 presos que podrían beneficiarse con la medida.
Caracas. A diferencia de otras navidades, la próxima es esperada con ansias por los más de 100 "presos políticos" y exiliados venezolanos, que creen que el presidente Hugo Chávez podría aprobar una amnistía para empezar a cerrar heridas entre la oposición y el oficialismo.
El mandatario, que acaba de lograr una contundente victoria electoral y gobernará hasta el 2019, ha negado la existencia de "presos políticos". Pero tras su triunfo habló de "reconciliación".
El gobierno se ha comprometido con la oposición a estudiar los casos y nombró una delegación, encabezada por el vicepresidente Nicolás Maduro, que ya recibió esta semana los nombres de 87 exiliados y 22 presos que podrían beneficiarse con la medida.
La oposición es consciente que nada ocurrirá sin la venia de Chávez y que la decisión podría dilatarse por la agenda de salud del mandatario de 58 años, quien regresó el viernes de Cuba tras someterse a un tratamiento complementario al cáncer.
Entre los casos más destacados está el de la jueza María Lourdes Afiuni, de 48 años, quien dijo que fue violada y obligada a abortar en prisión; así como el ex comisario Iván Simonovis, recluido hace ocho años en una celda de cuatro metros cuadrados en el sótano de una improvisada cárcel capitalina.
"Queremos que muchos venezolanos que están exiliados regresen al país, que liberen a todos los presos políticos de este Gobierno. Eso sí sería una muestra real de la voluntad de promover el diálogo y la reconciliación", dijo el líder opositor Antonio Ledezma, quien encabeza la comisión.
Con optimismo, pero sin ilusiones. A pesar de que no es la primera vez que opositores solicitan el perdón del Estado, consideran que en esta ocasión el instrumento será bien recibido porque responde a la actitud conciliatoria del propio Chávez al lograr la reelección.
"Deseo que eso funcione, pero prefiero ser cauto. ¿El gobierno está comprometido a hacerlo? Espero que sí. No hay motivos para que el comisario Simonovis permanezca preso o para que la jueza Afiuni no pueda ser juzgada en libertad", dijo a Reuters el Secretario Ejecutivo de la coalición opositora, MUD, Ramón Guillermo Aveledo.
Pero a pesar de los acercamientos, el asunto genera todavía reticencia entre muchos seguidores de Chávez.
"Estoy en contra de amnistía para estos criminales", opinó la abogada estadounidense Eva Golinger, admiradora confesa de la revolución de Chávez.
El amparo incluiría al exiliado en Colombia Pedro Carmona, cabeza visible del breve golpe de estado contra Chávez en abril del 2002 y al ex gobernador y candidato presidencial Manuel Rosales, asilado en Perú.
También son parte del pedido los ex trabajadores de la estatal PDVSA acusados de sabotear la industria durante la huelga que diez años atrás casi paralizó la mayor industria del país.
Miembros de la comisión opositora viajaron en los últimos días para conversar con los exiliados venezolanos en Latinoamérica y España.
Afiunis, Simonovi y otros. La jueza Afiuni fue detenida en diciembre del 2009 luego de haber otorgado libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, acusado de presunta corrupción al operar en el mercado de dólares regulados.
La noche siguiente a su detención, en cadena nacional de radio y televisión Chávez la llamó "bandida" y demandó la pena máxima: 30 años de cárcel.
"Exijo dureza contra esa jueza. Habrá que meterle pena máxima a esta jueza. 30 años pido yo a nombre de la dignidad del país", dijo el presidente ante los 30 canales de televisión y 750 radios del país.
Afiuni fue trasladada a una cárcel de mujeres donde recientemente denunció que fue golpeada con saña, violada y obligada a abortar.
"A raíz de ese episodio fue cuando me enfermé y me sacaron el útero, pero me encontraron seis miomas (...) Yo tuve una pérdida en el penal", relató la jueza en el libro del periodista Francisco Olivares "Afiuni, la presa del Comandante".
"El caso contra la jueza Afiuni es de lo más abusivo, inaudito y antijurídico", opinó Javier El-Hage, director jurídico de Human Rights Foundation, una organización no gubernamental con sede en Nueva York.
La ministra encargada del sistema penitenciario, Iris Varela, calificó la denuncia de Afiuni de "vil patraña".
La jueza está hace un año bajo arresto domiciliario mientras su juicio se dilata mes a mes. No puede dar declaraciones a medios de comunicación. Su contacto con el mundo es su cuenta de Twitter.
"Afiuni no es una política presa, es la presa de un político. Y ese político se llama Hugo Chávez", dijo a Reuters uno de los abogados de la jueza, José Amalio Graterón.
Otro caso emblemático es el del ex comisario Iván Simonovis de 51 años, acusado junto a otros miembros de la policía, por los asesinatos de una veintena de venezolanos durante un enfrentamiento entre opositores y oficialistas en el breve golpe de Estado contra Chávez.
Simonovis lleva ocho años preso en los calabozos del servicio de inteligencia venezolano y su salud se ha deteriorado notablemente en la celda de cuatro metros cuadrados donde permanece recluido.
En diversas misivas el ex Secretario de Seguridad de Caracas condenado a 30 años de prisión ha pedido su traslado a una clínica ya que tiene indicios de osteoporosis por la escasa luz natural que recibe: 13 días en los ocho años que lleva preso.
"Mi familia, mi persona y otros millones de venezolanos, honran esta plausible disposición, es lo que hace años se ha buscado. Bienvenida la iniciativa", dijo Simonovis en una reciente carta respecto al pedido de amnistía.
