El ex ministro argentino de Planificación Federal, Julio De Vido (2003-2015), fue procesado este viernes por el juez Julián Ercolini en una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal.
El ex ministro de Planificación Federal argentino Julio De Vido, uno de los más influyentes colaboradores de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue procesado este viernes por la Justicia en la causa que investiga la compra de material ferroviario a España y Portugal.
El juez federal Julián Ercolini dispuso el procesamiento de De Vido por considerarlo presunto autor del delito de administración fraudulenta agravada y supuesto partícipe necesario de cohecho. Le trabó además un embargo por 100 millones de pesos (unos 6,8 millones de dólares), precisaron fuentes judiciales a agencias locales.
Tercer procesamiento. Es el tercer procesamiento que acumula el ahora diputado nacional, que llegó al Ministerio de Planificación Federal en los comienzos del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y se mantuvo en ese cargo hasta el final de la administración de Cristina Fernández (2007-2015).
De Vido también fue procesado en una causa que investiga la falta de renegociación de contratos de concesión ferroviaria cuando la Secretaría de Transporte estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación y en otra originada tras la 'Tragedia de Once', en la que un tren en 2012 se empotró contra el andén de una estación cabecera de la ciudad de Buenos Aires y murieron 52 personas.
Por las presuntas irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal también está procesado Ricardo Jaime, quien era el secretario de Transporte al momento de realizarse la operación.
Dinero sustraído. En esa causa, el juez Ercolini investiga pagos del Estado "de desproporción exorbitante" en relación a la calidad y funcionalidad real de los coches adquiridos, pues los trenes no pudieron ser utilizados.
Para el magistrado, eso hace presumir "que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que, justamente, debían proteger" el patrimonio público.