La magistrada Claudette Domínguez decidió procesar a 11 de 14 ex jefes militares detenidos por al menos 558 desapariciones entre 1960 y 1996.

Una jueza de Guatemala resolvió ligar este lunes a proceso penal a 11 de los 14 militares retirados acusados de desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad por al menos 558 desapariciones de indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La jueza Claudette Domínguez decidió otorgar “falta de mérito” al caso de los otros tres militares por supuestas “incongruencias” en las fechas cuando el Ministerio Público (MP, Fiscalía) realizó la acusación, aunque el ente público tiene ahora tres meses para enmendar la investigación.

Según la acusación, los 14 militares participaron de forma “sistemática” en delitos y matanzas que se pueden considerar “crímenes de guerra”, así como en violaciones múltiples a mujeres y menores de edad durante la década de los 80.

Caso Creompaz. Este caso, conocido como Creompaz debido a que las osamentas fueron localizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, ha vuelto a traer a la memoria de los guatemaltecos el drama vivido durante los 36 años de guerra.

Los 11 militares retirados ligados a proceso son el general Manuel Benedicto Lucas García y los oficiales José Antonio Vásquez García, Carlos Augusto Garavito Morán, Raúl Dehesa Oliva, Gustavo Alonzo Rosales García, César Augusto Cabrera Mejía, Ismael Segura Abularach y Juan Ovalle Salazar. Además de Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Luis Alberto Paredes Nájera.

Los procesados deberán guardar prisión preventiva en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala, por existir peligro de que perjudiquen la investigación. Los 3 militares que no fueron procesados y que deben permanecer bajo arresto domiciliario son Pablo Roberto Saucedo Mérida, Carlos Humberto Rodríguez López y Edgar Rolando Hernández.

Domínguez, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo de Guatemala, dio un plazo de tres meses a la Fiscalía para que concluya la investigación y, posteriormente, decidir si se debe iniciar o no un juicio oral y público.