La destitución de Piedad Córdoba fue ratificada por la Procuraduría General colombiana e implica que la parlamentaria deberá abandonar su puesto en el Congreso junto con quedar inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos.
Bogotá. La destitución de la senadora colombiana Piedad Córdoba fue ratificada este miércoles por la Procuraduría, tras denuncias de que la política se sobrepasó en sus relaciones con la guerrilla izquierdista bajo el amparo de la gestión humanitaria que hizo para la liberación de rehenes.
Córdoba, quien promueve una negociación de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, deberá abandonar su puesto en el Congreso y queda inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos, de acuerdo con la sanción aprobada por el procurador Alejandro Ordónez.
La dirigente del Partido Liberal, quien aseguró ser una pacifista y que la sanción en su contra es reflejo de una persecución política, apeló un fallo inicial del procurador que la inhabilitaba, pero la decisión fue ratificada en su totalidad.
Ordóñez insistió en que Córdoba sostuvo contactos con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que sobrepasaron la autorización para una gestión humanitaria destinada a lograr la liberación de unos rehenes.
"Está comprobado que la senadora instó a ese grupo para que fuera hostil contra miembros de partidos políticos y servidores públicos, acordó estrechar relaciones con miras a apoyar un nuevo Gobierno con la ayuda de gobiernos de otros países", dijo la Procuraduría General en un comunicado.
"Emitió consejos al grupo subversivo frente al envío de vídeos de personas retenidas y la entrega de pruebas de vida de los secuestrados a gobiernos extranjeros, dio información a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados", agregó.
Para la Procuraduría, la senadora concedió declaraciones en diferentes actos públicos, colaboró con la defensa de algunos ex jefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las FARC.
El grupo guerrillero, considerado organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, entregó a misiones encabezadas por Córdoba en los últimos años a varios de los rehenes que decidió liberar, en lo que dijo eran muestras de su interés por llevar adelante una negociación de paz.
Autoridades colombianas y de otros gobiernos latinoamericanos apoyaron las gestiones humanitarias de Córdoba y agradecieron su intermediación ante la guerrilla para que secuestrados recobraran su libertad.
La investigación contra la senadora se originó en los archivos encontrados en los computadores del comandante de las FARC Raúl Reyes, muerto en marzo del 2008 en un bombardeo de militares colombianos en una zona selvática de Ecuador.
La Procuraduría, el organismo que se encarga de vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos, aseguró que en la investigación constató que Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.
Asimismo, de acuerdo con el procurador, realizó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo.
