"¿Las Farc aceptan expresamente que se desmovilizarán?" Esa es una de las preguntas formuladas en una carta de 12 páginas al mandatario colombiano Juan Manuel Santos sobre el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades firmado el 23 de junio entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le envió una carta al presiente Juan Manuel Santos con 60 preguntas sobre los alcances del acuerdo firmado el pasado 23 de junio entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc sobre el cese al fuego y de hostilidades “bilateral y definitivo y dejación de armas” en el proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba).

Para el jefe del Ministerio Público la respuesta a estas preguntas será fundamental en el debate que se adelanta en el país con miras al plebiscito para la paz avalado por la Corte Constitucional. Señala en su introducción que la claridad frente a estos puntos les permitirán a los colombianos tomar una decisión de fondo frente a puntos fundamentales.

Recuerda que en su sentencia, la Corte Constitucional señaló que los ciudadanos deben recibir todos los elementos de juicio necesarios para “una decisión consciente e informada”, hecho por el cual responder estas inquietudes otorga información veraz y precisa sobre los alcances de los acuerdos pactados con las Farc.

La carta se divide en tres partes. La primera hace referencia a la desmovilización de los guerrilleros tras la firma del acuerdo final y la ocupación de las zonas veredales. La segunda tiene relación con su reintegro a la sociedad. El Procurador General se cuestiona además cómo será la entrega de las armas y la protección que se les brindará en los citados campamentos.

“Señor presidente, sobra recordar que conforme a la Constitución, a usted, como a cualquier otro servidor público, le corresponde atender las peticiones y responder las solicitudes que le haga el Ministerio Público”, aseveró Ordóñez Maldonado.

La desmovilización. Varias de las preguntas de la carta hacen referencia al hecho de si el acuerdo garantiza la total desmovilización de los miembros de dicho grupo guerrillero. El Procurador General se cuestiona el hecho que dicha expresión no aparezca en el acuerdo firmado el pasado 23 de junio.

“¿Por qué el acuerdo no incluye la palabra desmovilización, ni su definición? ¿Qué entiende el Gobierno por “desmovilización”? ¿Las Farc comparten el mismo concepto? ¿Las Farc aceptan expresamente que se desmovilizarán?”, se cuestiona el jefe del órgano de control disciplinario.

En otro de los puntos pide que se explique cómo será el proceso de individualización de los guerrilleros que se desmovilicen y que se trasladarán a los campamentos especiales y zonas veredales acordadas por el Gobierno y dicho grupo guerrillero. Para Ordóñez no existe claridad sobre lo que pasará después.

¿Qué sucederá con los miembros de las Farc el día D+181, esto es, un día después de que hayan finalizado las zonas de ubicación? ¿Se quedarán en las zonas? ¿Se trasladarán con absoluta libertad hacia otros lugares del país? ¿Estarán ubicados en lugres específicos para responder ante la administración de justicia por delitos y los crímenes de lesa humanidad de guerra en los que participaron?”, señala.