El primer mandatario tiene un plazo de 10 días para ejecutar la sanción disciplinaria emitida al alcalde de Bogotá.
El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le notificó al presidente de la República, Juan Manuel Santos el fallo emitido por la Sala Disciplinaria del Ministerio Público que destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
En el documento radicado ante la Secretaría General de la Presidencia de la República se establece que ya hay una notificación de la decisión del Consejo de Estado que negó las pretensiones de 23 acciones de tutela entabladas contra la sanción disciplinaria.
Entre estas acciones se encontraba una que tenía relación con el fallo emitido por el magistrado José María Armenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que dictó medidas cautelares a favor del alcalde suspendiendo así los efectos de la sanción emitida el pasado 13 de enero.
Ante esto el primer mandatario tiene un plazo de 10 días hábiles para ejecutar el fallo sancionatorio contra el mandatario distrital. Sin embargo, Santos antes deberá definir si acepta o no las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitidas en la noche del pasado martes.
De ejecutar el fallo disciplinario, medidas, tendrá que nombrar inmediatamente un alcalde ad hoc mientras el movimiento político del alcalde, en este caso Progresistas, nombra una terna de la cual saldrá el nuevo mandatario que tendrá que terminar con el periodo constitucional de Petro Urrego que va hasta el año 2015.
En la tarde de este miércoles, el jefe del Ministerio Público sostendrá una reunión con el presidente de la República en la Casa de Nariño. En la cita Ordóñez Maldonado le manifestará sus argumentos para que no se avalen las medidas cautelares emitidas por la Cidh.
En este sentido pondrá como ejemplo el hecho de que el primer mandatario, en repetidas oportunidades, aseguró que respetaba pero no acogía el fallo de la Corte de La Haya en el litigio que se adelantó con Nicaragua.