El jefe del Ministerio Público consideró que no existe una forma de garantizar que dicho grupo se va a desmovilizar y no vuelvan a atacar a la población civil.

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado advirtió que el acuerdo firmado el pasado jueves 23 de junio entre el gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) frente fin del conflicto, cese bilateral y entrega de armas en el marco del proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba) desde hace cuatro años. Para el jefe del Ministerio Público existen muchas dudas sobre la manera en cómo se desarrollarán los puntos presentados. 

"Un acuerdo de este tipo no se puede basar en la buena fe de las Farc y la ingenuidad del gobierno", precisó el Procurador General en rueda de prensa al señalar que se deben corregir varios de los puntos presentados puesto que no existe una garantía para que las Farc se desarmen, se desmovilicen totalmente y no vuelvan a atacar a la población civil. 

"Para la Procuraduría el Acuerdo sobre dejación de armas y 'zonas veredales transitorias de normallización' para la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC, es incompleto, absolutamente insuficiente y no es garantía de que las FARC se desmovilizarán integralmente y de forma definitiva. Tampoco ese Acuerdo es garantía de que nunca más podrán rearmarse", indicó.

Tras revisar el texto presentado hace cuatro días el jefe del órgano de control disciplinario asegura que se puede inferir que no se les está obligando a las FARC en ningún momento a entregar la totalidad de "sus aparatos violentos" ni a desmovilizarse. Puesto que en ningún punto se hace referencia a las milicias bolivarianas o estructuras alternas de dicho grupo guerrillero.

"Las milicias han sido en el último tiempo más relevantes en las hostilidades contra la Fuerza Pública que las unidades de guerrilla, son además instrumento de coerción sobre la población civil y de control del territorio a través de la amenaza y el uso de la fuerza". Estas estructuras registran presencia en muchos departamentos y podrían adelantar acciones terroristas.

En su concepto el acuerdo firmado no garantiza la disolución definitiva de las FARC "como aparato violento" puesto que no existe un control claro sobre la entrega de todo el armamento. "El meanismo de monitoreo y verificación está restringido, limitado, reducido a lo que pacten las FARC y el Acuerdo. Es decir, la ONU no es autónoma para llevar a cabo todas las acciones que considere necesarias para asegurar que en efecto el desarme sea total". 

Señala que el organismo internacional tiene un mandato de doce meses para la revisión del proceso de desarme "lo cual no le permitirá establecer si las FARC se quedaron con armas o si los integrantes de las milicias, que no se desmovilizará, quedarán con alguna reserva de armas (...) El monitoreo y la verificación se hará sobre las armas que las FARC voluntariamente quieran reconocer y entregar a la ONU".

"El Acuerdo no señala los procedimientos que permitan establecer el número de armas que tiene ese grupo, tampoco si llegaren a existir armas que no se entregaron o so el grupo o fracciones del mismo escondieron armas o las vendieron a otras organizacciones al margen de la ley, como el ELN o bandas criminales", precisa.

Agregó que "de nada vale el desarme, si las Farc se les permite conservar la riqueza ilícita con la cual se pueden rearmar en cualquier momento y atacar nuevamente a la poblción civil y a la fuerza pública. Los millones de dólares acumulados por el narcotráfico, la extorsión y la minería criminal y el hecho de que no se exija su entrega le permitirán mantener reservas financieras para volver a la violencia, si así lo decidieran".

Al final de su intervención aseguró que en los próximos días presentará las observaciones referentes a las zonas veredales y campamentos donde estarán ubicados los guerrilleros, así como los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y a la posibilidad que tienen los ciudadanos para expresar si aceptan o no la presencia de dichas zonas en sus municipios.

Las observaciones

1. El Acuerdo publicado permite que más de la mitad de los integrantes de aparatos violentos de esa organización no se desmovilicen.

2. El Acuerdo publicado no desmantela la infraestructura económica y de redes criminales que permiten que las FARC se rearmen y vuelvan a atacar en cualquier momento.

3. El Acuerdo publicado limita a la Misión de la ONU a lo que pacten las FARC y el Gobierno. Además no la dota de mandato ni de mecanismos que garanticen que el desarme es total.

4. No hay garantía de desmovilización total de las Farc. No hay garantía de desarme total de las Farc. Y no hay garantía de que las Farc no se rearmen y vuelvan a atacar.

La Procuraduría solicita al Gobierno corrija los términos del Acuerdo presentado el 23 de junio para asegurar que realmente las Farc desaparecerán como organización armada. No se puede admitir una falsa desmovilización y un falso desarme. El fin de las Farc debe ser para siempre.