Uno de los que ha solicitado la caducidad del pago de su reparación civil, según indicó, es el exministro de Economía en el gobierno de Alberto Fujimori, Carlos Boloña, condenado por delitos de corrupción.
Lima.- El procurador Amado Enco pidió al Poder Judicial revertir el criterio jurisdiccional que permite a los sentenciados por casos de corrupción eludir el pago de la reparación civil en favor del Estado, a través de la prescripción.
Según explicó, hay varios sentenciados por delitos de este tipo que están recurriendo al Poder Judicial, amparados en el fallo que permitió a Samuel Winter Zuzunaga no cumplir con el extremo de la sentencia que lo obligaba a pagar una reparación civil de 4 millones de soles (US$1.205 millones) por los actos ilícitos cometidos en la década de 1990.
Uno de los que ha solicitado la caducidad del pago de su reparación civil, según indicó, es el exministro de Economía en el gobierno de Alberto Fujimori, Carlos Boloña, condenado por delitos de corrupción.
“La Procuraduría se ha opuesto a estos pedidos, esperamos que el Poder Judicial revierta este lamentable criterio que estableció una de las salas del Sistema Especializado Anticorrupción y, aplicando la ley en forma correcta, lo declaren improcedente e infundado”, apuntó en declaraciones a la Agencia Andina.
Enco sostuvo que el único objetivo de este tipo argucias legales es eludir el pago de la reparación civil, lo cual deja impune el daño causado al Estado desde el punto de vista de la reparación civil.
En ese sentido, saludó el anunció del presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, de revisar los fallos controvertidos que en el fondo tienen como propósito favorecer a sentenciados por corrupción.
“Hay una queja pendiente de resolver en la Corte Suprema: le hemos pedido a la jueza Susana Castañeda que el Poder Judicial, en un pleno jurisdiccional, revise las resoluciones que perjudican los interés del Estado”, indicó.
El pleno jurisdiccional, en opinión del procurador Enco, debería emitir una resolución que oriente de mejor manera a los jueces para no aplicar la prescripción en el pago de las reparaciones cuando el Estado ha hecho los requerimientos constantes para el cumplimiento de esta obligación.
A partir de los casos Fujimori-Montesinos hasta junio de 2018, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción obtuvo sentencias por delitos de corrupción que representan 1.529 millones, 027.345, 97 (US$460.743 millones) soles por reparación civil, de los cuales se ha cobrado 50 millones 855.512,58 soles (US$15.324 millones).
El 90% de las reparaciones civiles pendientes de pago 1.478 millones 141.833,39 soles (US$445.418 millones) corresponde a los casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori.
