Cuatro negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) procedentes de Cuba entraron el 17 de febrero al pueblo de El Conejo, en el extremo norte de Colombia, escoltados por guerrilleros armados y uniformados, sin que el Ejército o la Policía lo evitara.
Bogotá. La Procuraduría General de Colombia anunció este lunes que inició una investigación contra el ministro de Defensa y altos mandos militares, porque habrían dejado desprotegida a población civil al facilitar la presencia de guerrilleros armados en un pueblo.
El organismo, que vigila la conducta de los funcionarios públicos, dijo que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez; el del Ejército, general Alberto José Mejía, y cuatro comandantes de unidades podrían haber incurrido en faltas disciplinarias y omisión de funciones.
Cuatro negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) procedentes de Cuba entraron el 17 de febrero al pueblo de El Conejo, en el extremo norte de Colombia, escoltados por guerrilleros armados y uniformados, sin que el Ejército o la Policía lo evitara.
"Consiste en determinar si las Fuerzas Militares y de Policía dejaron desprotegida a la población civil (...) e indefensa en manos de las FARC", dijo un comunicado de la Procuraduría, que puede castigar a funcionarios hasta con la destitución.
El gobierno calificó lo sucedido en El Conejo como un acto que violó acuerdos, pactados para explicar a los combatientes rebeldes los avances de la negociación de paz, que se inició en Cuba a fines del 2012 y que busca acabar con un viejo conflicto que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
Las FARC negaron haber violado las reglas.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos suspendió las visitas desde Cuba de los negociadores rebeldes, un cruce de acusaciones que generó una crisis en el diálogo de paz que se superó la semana pasada con la mediación de Cuba y Noruega.
Para la Procuraduría, los investigados pueden haber violado una ley que prohíbe el despeje militar de cualquier parte del país por presuntamente haber retirado las tropas de la zona.
Actualmente, las partes discuten un cese bilateral al fuego y un mecanismo de refrendación de los acuerdos, pero corren el riesgo de no cerrar la negociación antes del 23 de marzo, la fecha que se fijaron para firmar el pacto.
