Las diligencias, que serán similares a la realizada la semana pasada en la provincia del Santa, en Áncash, comprenderán tanto a gobiernos regionales y locales.

Lima. La Procuraduría Anticorrupción desplegará acciones en las regiones Lambayeque, La Libertad, Ayacucho y Amazonas, a fin de investigar el alto índice de denuncias de corrupción que registran, anunció su titular, Christian Salas.

"Tenemos identificadas estas regiones, allí los índices son muy altos, y prácticamente la corrupción parece institucionalizada. Hemos hecho ya un cronograma de diligencias que cumpliremos a lo largo de este año", enfatizó.

Las diligencias, que serán similares a la realizada la semana pasada en la provincia del Santa, en Áncash, hasta donde se trasladó un grupo especial de la Procuraduría, comprenderán tanto a gobiernos regionales y locales.

Adelantó, no obstante, que la evaluación de las denuncias se dará principalmente en dos contextos, el primero a través del manejo de fondos públicos, que deriva en el presunto delito de peculado por apropiación ilícita de dinero o bienes estatales.

"También tenemos la figura de colusión, que se da cuando se concreta ilícitamente entre funcionarios y empresarios para la concesión o buena pro de determinada obra, a cambio de una suma de dinero", dijo a la Agencia Andina.

Tras precisar que si bien en dichas regiones la corrupción no está asociada con el accionar de los sicarios, como en el caso de Áncash, dijo que urge prestar atención sobre lo que ocurre actualmente para no llegar a ese nivel.

En el Santa, por ejemplo, la Procuraduría solicitó información completa sobre los casos archivados y aquellos que se encuentra en curso relacionados a presuntos actos de corrupción en la región ancashina.

Se detectó entonces "graves, serias y alarmantes irregularidades" en el desarrollo de funciones de algunos fiscales, recordó Salas.

El gobierno regional de Áncash es objeto de investigaciones por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción y el Poder Judicial, tras las denuncias de corrupción y de sicariato político.

Las investigaciones empezaron luego del asesinato del exconsejero regional, Ezequiel Nolasco, quien había denunciado al titular de la región, César Álvarez, por amenazas contra su vida, y el asesinato de sus rivales políticos.

Sobre Álvarez pesa una orden judicial de impedimento de salida de territorio peruano.