Este fin de semana, el Gobierno del presidente Ollanta Humala, ordenó la inamovilidad del Ejército con la finalidad de hacer un inventario de los explosivos y armas que posee en sus arsenales, pero que algunos supuestamente han sido vendidos al crimen organizado.
Lima. Los habitantes de la ciudad de Lima, en Perú, viven en constante zozobra por la proliferación de granadas de guerra en manos de las bandas de criminales que pululan en esta ciudad, dedicados a cometer actos criminales, secuestros y extorsiones.
Este fin de semana, el Gobierno del presidente Ollanta Humala, ordenó la inamovilidad del Ejército con la finalidad de hacer un inventario de los explosivos y armas que posee en sus arsenales, pero que algunos supuestamente han sido vendidos al crimen organizado.
La orden de inmovilizar a todos los oficiales y soldados de las guarniciones en Lima comprendió a todos los cuarteles militares que se encuentran desperdigadas en la capital peruana, de donde presuntamente son sustraídas las granadas de guerra en cuestión.
Al respecto, el ministro de Defensa, Jakke Valakivi, reconoció que esta decisión del gobierno peruano también estuvo acompañada de visitas inopinadas de inspectores a las principales instalaciones militares.
Entre otros fines, precisó que la medida tiene que ver con la verificación del almacenaje del material de guerra que se encuentran en las instalaciones castrenses y del cual se sospecha fueron sustraídos por malos elementos para comercializarlos con bandas de criminales.
Valakivi explicó que la inamovilidad del Ejército peruano este fin de semana fue tomada luego de corroborarse que las bandas criminales de este país cuentan con granadas de guerra de uso estrictamente de uso militar.
El alto jefe militar indicó que, hasta el momento, no se ha podido corroborar que falten este tipo de explosivos en los almacenes de las guarniciones de la capital peruana, sin embargo dijo que continuarán con medidas similares en todas las instalaciones militares en provincias.
Valakivi subrayó que las autoridades militares en sus respectivas dependencias adoptarán medidas estrictas para reforzar el control de todos los materiales de guerra que se encuentran en los depósitos militares para evitar el robo de estos artefactos.
La inamovilidad militar en Perú estuvo marcado por un acontecimiento criminal que protagonizó horas antes un ex policía a quien se le encontraron 51 granadas de guerra en su habitación en una vivienda del barrio tradicional de Breña.
Se trata del ex sargento policial Edmundo Mamani, de 53 años, quien tiene un profuso historial ligado al tráfico de explosivos, delito por los que anteriormente ya había sido detenido por las autoridades.
El ex suboficial fue detectado por un agente de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien se hizo pasar por un miembro de una organización criminal y supuestamente tenía interés en comprar granadas de guerra.
Luego de una paciente labor de inteligencia, el agente logró descubrir el domicilio de Mamani, en un cuarto de alquiler en el barrio antiguo de Breña, en la zona céntrica de esta capital, donde tenía un almacén improvisado para realizar las ventas de estos explosivos.
El ex policía también contaba con un puesto de venta de ropa usada en un centro de comercialización conocido como Las Malvinas, cerca de su vivienda, desde donde coordinaba sus negocios turbios con el crimen organizado.
Según las primeras investigaciones, Mamani entregaba estos artefactos de uso militar a las bandas criminales que operan en Lima a un costo aproximado de entre US$62 a US$93 cada una de estas, las mismas que eran usadas para extorsionar a empresarios y comerciantes.
El accionar de estas organizaciones criminales, armadas con estos potentes explosivos, ya no tienen límites en la sociedad peruana y sus delitos van desde la solicitud de cupos a pequeños comercios, empresas de construcción, tiendas de comestibles y amenazas a familias.
Un hecho dramático que reflejó el quiebre de estos límites de racionalidad, ocurrió el pasado lunes 7 de septiembre, cuando una granada dejada por los extorsionadores en un colegio explotó matando a un policía de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).
Ese mismo día, los criminales dedicados a la extorsión y al tráfico de tierras, también sembraron con granadas de guerra otras tres zonas de Lima, desatando el pánico entre los habitantes de Lima, situación que motivó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para dar con el paradero de los traficantes de estos explosivos militares.
Ante esta realidad, que sobrepasó la capacidad de control de las autoridades locales, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, aseguró que su despacho y la policía peruana trabajan para neutralizar la cadena de abastecimiento de granas de guerra a la delincuencia organizada.
Pocos días después de esta declaración, un equipo de inteligencia de la policía peruana incursionó en un depósito clandestino desde donde se comercializaba estos explosivos y el dueño de este arsenal era nada menos que el ex sargento de la policía antes mencionado, y ahora preso.
Actualmente, las autoridades peruanas trabajan para dar la red de abastecimiento, aún desconocida, que vendía estas granadas de guerra al ex policía, quien era el enlace entre los proveedores y las bandas de criminales en cuyas manos terminaban estos peligrosos artefactos.
De acuerdo a la División Antisecuestros de la Policía, durante el 2014 en la capital peruana se registraron 1.193 casos de extorsiones y en el 60% de estos actos criminales se usaron granadas y balas para amedrentar a las víctimas.
